Un decreto sin precedentes en toda la democracia

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero estrenó ayer una declaración de estado de alarma. La Constitución prevé los estados de alarma, excepción y sitio ante situaciones extraordinarias. Lo inédito de la situación llevó a que el fiscal general del Estado y el abogado general del Estado también participaran en el Consejo de Ministros. El decreto señala que el abandono de sus funciones por parte de los controladores paraliza un servicio público esencial e impide el ejercicio del derecho a la libre circulación, lo que constituye una "calamidad pública de enorme magnitud" y una "situación de catástrofe pública".

Con el decreto, los controladores pasan durante 15 días a tener "la consideración de personal militar" a los efectos de su movilización y ejercen sus funciones "bajo la organización y supervisión del Ejército del Aire". Desde ayer, "quedan sometidos a las órdenes directas" del "Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire y las autoridades militares que designe". Además, quedan sujetos "a las leyes penales y disciplinarias militares", de modo que podrían incurrir en delito de desobediencia del Código Penal Militar si no obedecen las órdenes de la autoridad militar.