Cómo levantar tres kilos

"Todo va de puta madre", anotaba Pablo Crespo en su agenda. Y tenía motivos. La organización delictiva de la que formaba parte estrechaba lazos con políticos y cargos públicos. "Álvaro se quiere situar. Con Víctor está imponente", apuntaba también, sin disimular la euforia. "Pedro se preocupa todos los días. Habla con Víctor, con Juan". La trama de corrupción del caso Gürtel había establecido una relación fluida con políticos del Consell como Víctor Campos o Juan Cotino, con el director de Ràdio Televisió Valenciana, Pedro García, o el del Instituto Valenciano de Finanzas, Enrique Pérez Boada. Una relación que habría de fructificar, a propósito de la visita del Papa a Valencia en 2006, en un pelotazo de tres millones de euros robados del contrato de instalación de equipos de imagen y sonido para la retransmisión televisiva de los actos de Benedicto XVI. Lo ha podido leer todo el mundo. Todo el mundo conoce este nuevo episodio de un escándalo que nunca agota las sorpresas. Pero nadie ha salido a dar explicaciones.

"No nos incumbe", se limitó a decir ayer la portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, "ni tenemos capacidad, ni posibilidad, ni necesidad de conocimiento". Inauguraba así una nueva modalidad del desmentido oficial. Por lo visto, ya no vale aquello de que "el Gobierno niega todo conocimiento". Ahora es que no le "incumbe". Nada tiene que investigar, revisar o inquirir, pese a que la empresa a la que RTVV adjudicó el contrato, que actuó como testaferro, se embolsó 200.000 euros por los servicios prestados a quienes pillaron el grueso del negocio. A saber: 1,4 millones para Francisco Correa, hoy en la cárcel, 630.000 euros de esa cantidad para su fiel lugarteniente, Pablo Crespo; medio millón para Álvaro Pérez y medio millón para Pedro García, que para eso eran tan amiguetes, y 300.000 para un misterioso señor "R". Ni Cotino, ni Pérez Boada, ni Víctor Campos, ni el señor "R", ni, por supuesto, el ex director de la radiotelevisión autonómica salieron a dar la cara. Será porque tampoco les incumbe.

Dicen los politólogos que las elecciones, la opinión pública, los medios de comunicación, las normas de contabilidad y la aplicación de las leyes restringen la búsqueda irregular de beneficios por parte de los funcionarios y cargos públicos en connivencia con los corruptos. Aunque advierten que un sistema electoral es un elemento disuasorio insuficiente para la corrupción. Hacen falta también sólidos controles externos de la acción de las autoridades, una división de los poderes públicos y una efectiva aplicación del Estado de derecho. Tal vez un ingenuo añadiría que no vendría mal un Gobierno honesto, del que uno pueda estar seguro que está siempre del lado del contribuyente. Porque la pregunta que suscita el episodio de la visita del Papa, y todo el caso Gürtel, es de qué lado está el Consell que preside Francisco Camps. ¿De los ciudadanos escandalizados? ¿De los políticos y cargos implicados? ¿O de esos listos que nos levantaron tres kilos a todos los valencianos?