El fiscal del 'caso Urbancasa' cree que los acusados siguen teniendo el dinero estafado

La Justicia trató sin éxito de embargar los bienes de María Victoria Ferrer y Ángel Crespo, el matrimonio que supuestamente cometió 27 operaciones inmobiliarias fraudulentas a través de la sociedad Urbancasa, desde su detención en 2007. Sin embargo, los acusados pagaron en 2009, cuando ya estaban en prisión, 18.816 euros a un comisionista francés. A lo largo del juicio, que quedó ayer visto para sentencia, han tratado, en cambio, de demostrar que no tienen dinero.

El fiscal del caso consideró ayer que dicho pago supone la confirmación de que Ferrer y Crespo disponen del millón de euros que los 44 afectados les entregaron sin saber que los presuntos estafadores no eran propietarios de los terrenos, ni tenían las licencias necesarias para la construcción de las casas.

Crespo asegura que su intención es "seguir devolviendo el dinero"

El pago al comisionista francés, que figura en un documento presentado por la defensa, supone algo "éticamente reprochable", según el representante del ministerio público, ya que lo lógico habría sido ponerlo a disposición del juzgado. Y ello en especial habiendo otros casos "más sangrantes" que el del citado comisionista, al que Urbancasa debía 3.000 euros. Así, una joven pareja pidió un préstamo por 150.000 euros para la construcción de una inexistente casa en Lesaka, que deberá pagar los próximos 38 años.

El fiscal, que solicitaba inicialmente siete años y nueve meses de prisión tanto para Ferrer como para Crespo, elevó su petición al máximo que permite la ley para un delito de estafa continuada: ocho años. El Ministerio Público considera que muchos de los inmuebles iban a ser destinados a viviendas habituales por los estafados.

La gran mayoría de las acusaciones particulares estiman que los timos no son constitutivos de un delito continuado de estafa, sino que se trataría de casos diferenciados, por lo reclaman para cada acusado hasta 64 años de prisión.

La defensa pidió la libre absolución de ambos. Agregó que, en caso de que el tribunal acepte la propuesta del fiscal, debería aplicar los atenuantes de dilaciones indebidas y de proporcionalidad punitiva de la pena, al haber sido ya condenados por la Audiencia de Navarra. El letrado pide que se descuenten los cuatro años que se les impuso en esa primera condena y los tres que ya han pasado en prisión.

Antes de que el juicio quedara visto para sentencia, Crespo aseguro que su intención es "seguir devolviendo el dinero" cuando salga de la cárcel, comenzando por el caso de Lesaka.