Los sindicatos saldrán a la calle contra los recortes de Aguirre

Los sindicatos CC OO y UGT no van a esperar la aprobación definitiva de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, donde se recorta casi a la mitad las horas de representación sindical, para mostrar su rechazo a la presidenta regional, Esperanza Aguirre. Saldrán a la calle a partir de la semana que viene y auguran una campaña electoral "calentita".

Publicada la norma, los sindicatos prevén un largo proceso jurídico con el Gobierno autónomo. Para la revocación de la ley, que consideran "inconstitucional" y que "atenta contra los derechos sindicales y la participación", acudirán a los tribunales y pedirán a los representantes políticos que cuestionen en el Congreso o en el Senado la competencia de la Comunidad para legislar en materia laboral.

La norma, que reduce de 75 a 40 horas mensuales el tiempo de representación sindical para ahorrar 73 millones de euros, tiene, según el representante de CC OO Jaime Cedrún, "un planteamiento puramente electoralista". "Los liberados que hay son producto de acuerdos entre sindicatos y representantes del Gobierno regional. Debería haberse planteado una negociación", critica el secretario de políticas sectoriales de UGT, Juan Luis Martín.

La ley, que también contempla la eliminación de 19 empresas públicas y 18 organismos colegiados o consultivos, como el Consejo de la Mujer o el Consejo de la Juventud, asesta un duro golpe a la participación social, según los representantes de los trabajadores. "Este recorte no es un problema de ahorro porque la mayoría de estos órganos no tiene presupuesto sino que atenta contra la obligación de los poderes públicos de fomentar la participación ciudadana", plantea Cedrún.

La 'kale borroka'

Entre las dispares medidas que recoge la ley, Aguirre incluyó el que los padres de los menores a los que se les multe por ruido, beber alcohol en la calle o hacer grafitis asuman solidariamente el pago de los daños materiales y las sanciones de sus hijos. La presidenta regional ya asumió ayer que acabará con el botellón como en el País Vasco se eliminó la kale borroka cuando se comenzó a responsabilizar a los padres de los desmanes de sus hijos.

Aguirre no tuvo en cuenta que la iniciativa, según fuentes jurídicas consultadas por este periódico, podría ser "ilegal" porque las sanciones administrativas no pueden derivarse a los padres.