La Audiencia para el desarrollo del decreto de ayudas al carbón

La batalla legal en torno al decreto de ayudas al carbón aprobado por el Gobierno se recrudece. La Audiencia Nacional paralizó ayer el desarrollo de la norma al admitir el recurso de las eléctricas (Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa) contra la resolución de la Secretaría de Estado de Energía que fijaba las cantidades de carbón nacional que debían adquirir las empresas para quemarlo en las centrales térmicas, así como los precios a aplicar. Además, el Tribunal de Luxemburgo, al que también han recurrido las grandes compañías, ha solicitado al Gobierno que demore al menos dos meses la aplicación del decreto.

Pese al doble revés, el Ministerio de Industria aseguró que el decreto del carbón, que también ha sido recurrido ante el Tribual Supremo, no se paraliza. Por dos razones: porque la Audiencia, en todo caso, solo bloquea las compras de carbón futuras -lo que no afecta a la obligación de quemar mineral almacenado desde julio de 2009 en Hunosa- y porque el Tribunal de Luxemburgo sólo ha realizado una recomendación epistolar, no vinculante y, por lo tanto, sin fuerza legal.

Para Industria, la medida de la Audiencia sólo es un tema "menor". "Industria", aclararon desde el departamento que dirige Miguel Sebastián, "había reglamentado que las compañías eléctricas debían presentar en el plazo de tres días en la Comisión Nacional de Energía cartas de compromiso de compra de carbón en el futuro y estas compañías habían alegado que el plazo concedido de tres días era demasiado breve. La Audiencia estimó necesario aclarar este punto y ha citado a las partes para una vista que se celebrará el próximo día 3". Nada más.

El bloqueo del decreto se verá el 3 de noviembre ante la sección cuarta de la sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia.

Suceda lo que suceda, la decisión de la Audiencia alimenta la polémica en torno a la conveniencia o no de pagar ayudas al carbón nacional, más caro y contaminante que el importado, pero del que dependen 7.441 empleos directos y amplias zonas del país, especialmente en Asturias y Castilla-León. Según la Comisión Nacional de la Energía, la aplicación del decreto supondrá un coste de 600 millones en dos años.

El carbón nacional comenzó a acumularse en 2009, cuando la demanda eléctrica cayó por efecto de la crisis. Sencillamente, no había quien necesitara ese mineral (hasta un 30% más caro que el de importación), por lo que el Gobierno se vio obligado a almacenarlo en la minera pública Hunosa. La situación estalló el pasado verano, cuando los grupos mineros privados más importantes (Alonso y Viloria) dejaron de pagar las nóminas de sus trabajadores pese a que, según Industria, habían cobrado la primas. Hubo marchas mineras, mucha presión y, finalmente, el Gobierno decidió apoyar la compra y la quema del carbón autóctono hasta 2014. Bruselas ha dado el visto bueno al decreto.

El apoyo al consumo de carbón nacional provocó también la protesta de la Xunta de Galicia, comunidad en la que dos centrales térmicas, As Pontes y Meirama, con cientos de empleos, utilizan para su funcionamiento mineral importado.