La Fiscalía insta al juez a que pida la extradición de Cubillas

El fiscal de la Audiencia Nacional Vicente González Mota instó ayer al juez Eloy Velasco a que proponga al Gobierno que reclame la extradición del ciudadano venezolano y antiguo etarra Arturo Cubillas, que está en busca y captura por asesinato, conspiración para cometer homicidios terroristas y tenencia de explosivos en colaboración con banda armada y que en la actualidad es jefe de seguridad del Instituto Nacional de Tierras, en Caracas. El 1 de marzo pasado, el juez Velasco ya ordenó la detención y busca y captura internacional de Cubillas con fines de extradición, y aunque el ministro Moratinos pidió explicaciones a las autoridades venezolanas, parece ser que no se inició la tramitación correspondiente.

El terrorismo no es delito político, según el tratado entre los dos países

La acción de la fiscalía obedece a que ha recibido una comunicación oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores en la que se da cuenta del paradero de Cubillas, que se ha personado recientemente ante las autoridades judiciales de Venezuela "sin que haya tenido efecto hasta ahora la orden de detención internacional cursada por la Audiencia Nacional".

El fiscal recuerda el auto de procesamiento y la búsqueda y captura ordenada por el juez Velasco en marzo, basada en los indicios encontrados en los ordenadores del jefe de las FARC ya fallecido Raúl Reyes. Por ello indica que los delitos por los que Cubillas ha sido procesado son susceptibles de extradición, ya que según el tratado bilateral firmado entre ambos países los delitos de terrorismo están expresamente excluidos de ser considerados delitos políticos.

González Mota indica que la nacionalidad venezolana de Cubillas no es obstáculo para que se conceda su extradición, pero como la decisión es potestativa del Estado venezolano, le recuerda que, en ese caso, Venezuela está obligada a "perseguir tan graves actos criminales", lo que quiere decir que si no entrega a Cubillas, de acuerdo con el tratado entre los dos países, está obligado a juzgarle.

En el auto de marzo por el que Eloy Velasco procesó a seis presuntos miembros de ETA y siete de las FARC por tenencia de explosivos, colaboración con banda terrorista y conspiración para cometer homicidios terroristas, el magistrado señalaba que existían indicios de "cooperación gubernamental venezolana en la ilícita colaboración entre las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y ETA".

Esas afirmaciones supusieron el rechazo tajante de Hugo Chávez y su Gobierno, que aseguraron que todo era un montaje de los servicios secretos colombianos que habían manipulado los ordenadores del dirigente de las FARC Raúl Reyes.