El alcalde de Tui sale airoso del 'caso Patazumba'

La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Tui ha despachado en seis folios cinco años de investigaciones sobre el denominado caso Patazumba. Con el siguiente resultado: el archivo de la causa que se seguía contra el alcalde de la localidad, Antonio Fernández Rocha, del PP, y otros ocho imputados por cinco presuntos delitos: contra la ordenación del territorio, contra el patrimonio histórico, prevaricación, cohecho y tráfico de influencias. La asociación que presentó la denuncia ha adelantado su intención de recurrir ante el Tribunal Superior de Xustiza.

El caso Patazumba se refiere a la recalificación de terrenos de la promotora Tuivi, propiedad del hijo del alcalde y de la que el propio Fernández Rocha es apoderado. El auto de la juez Belén Vázquez señala que para que exista prevaricación debe concurrir "una conciencia clara de la ilegalidad y arbitrariedad" de la resolución administrativa impugnada. Y en el caso del alcalde tudense, con la posibilidad de pasar de cuatro a seis alturas en su solar, se produjo el "evidente incremento patrimonial" de la promotora del alcalde, "pero también se favorece a otras dos entidades".

La ordenanza en la que se basó esa recalificación "nunca fue recurrida", abunda el auto, para apuntalar la inexistencia de prevaricación. Destaca además que "no se ha aprobado ningún proyecto de urbanización", y que la aprobación del estudio de detalle "no supone, sin más, otorgamiento de licencia alguna", lo que, según el auto, refuerza la ausencia de prevaricación.

Sin indicios racionales

Respecto a los delitos de cohecho y tráfico de influencias, la juea se limita a señalar que "no constan indicios racionales", para zanjar la posibilidad de seguir con la causa. Se detiene más, en cambio, en la imputación por delito contra el patrimonio histórico, relacionado con un hórreo catalogado y 14 castaños centenarios que fueron talados por la empresa. "No consta que se haya causado daño alguno al bien de interés cultural, entendiendo por tal únicamente el hórreo", apunta la juez.

Para avalar esta afirmación, el auto cita como prueba un informe de la policía local, a las órdenes de Rocha. La juez no hace referencia al área de protección de 50 metros que exige la ley, y de los castaños sostiene que "no consta que gocen de especial protección". Además del alcalde, estaban imputados su hijo, un concejal y tres técnicos municipales.