La fiscalía también desiste de apelar

La Fiscalía del Tribunal Superior de Madrid, que dirige Manuel Moix, también ha acordado no presentar ningún recurso contra la decisión de la juez Carmen Valcarce de archivar el caso de los espías. La magistrada ha argumentado que los seguimientos a altos cargos del PP carecen de encaje en el Código Penal y que además no es posible cuantificar el dinero malversado por los empleados y ex agentes de la Comunidad de Madrid a los que se atribuyen los seguimientos al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y al ex vicepresidente segundo del Gobierno de Esperanza Aguirre, Alfredo Prada.

La decisión de la fiscalía de no recurrir fue adoptada en una reunión que mantuvieron hace unos días Moix, el fiscal jefe de la Audiencia de Madrid, Eduardo Esteban, y varios fiscales más de los juzgados de plaza de Castilla; entre ellos, la fiscal que ha llevado el asunto ante el Juzgado instructor número 5 de Madrid. Los fiscales comparten los argumentos que esgrime la juez en el sentido de que tales seguimientos no tienen encaje penal. Además, coincidieron en que el delito de malversación perseguido en este caso es difícil de probar y creen que cualquier otra prueba que se practicase conduciría a la posición actual: es decir, que no hay delito. Entienden que, jurídicamente, tampoco aportaría datos relevantes a la causa citar, por ejemplo, a la ex esposa de Sergio Gamón, supuesto jefe de los espías. Gamón dimitió recientemente como director de Seguridad de la Comunidad tras las declaraciones que hizo su ex esposa a EL PAÍS en las que confirmó y detalló los espionajes que hacía su ex marido y de los que informaba, según explicó, al actual vicepresidente primero del Gobierno de Aguirre, Ignacio González. "Ella podría venir al juzgado y decir que su ex marido dijo o hizo tal cosa, y luego el ex marido negarlo, con lo que no se conseguiría nada", dijeron fuentes fiscales. "Se están divorciando", añadieron.

Aunque la juez ha decretado el archivo y Cobo, Prada y la fiscalía han desistido de sus recursos, el asunto de los espías seguirá vivo en la vía judicial: los socialistas madrileños actúan como acusación popular y mantiene su intención de que la Audiencia Provincial revise y reabra el caso para practicar otras pruebas que la Comunidad no ha querido facilitar a la justicia o que la juez ha rechazado pedir.