Rebajas en el medio ambiente

Los indicios son ya concluyentes; o mejor dicho, han dejado de serlo para convertirse en la constatación que nos temíamos. En tiempos de crisis siempre hay derechos especialmente damnificados; derechos que van a ser restringidos sin demasiados escrúpulos por unos poderes públicos sometidos a la tiranía de una crisis indomable.

Sin duda el derecho al medio ambiente es uno de los más afectados, junto a otros derechos sociales y laborales que parecían haber encontrado gracias a la Constitución y el Estatuto de Autonomía un nivel de protección seguro y sin marcha atrás posible. Pero las últimas reformas de aquellas leyes y normas que intentaban fijar una frontera infranqueable contra la especulación urbanística y el desarrollo irracional demuestran lo contrario. Nuestros representantes políticos y los Gobiernos que sustentan han cedido claramente al argumento fácil de que la crisis económica requiere sacrificios en la conservación de nuestro entorno natural.

La lista empieza a ser excesivamente larga como para no pensar que se trata de una vulgar coartada para asegurar posiciones en próximos comicios electorales, municipales, autonómicos e incluso generales. Hablemos, por ejemplo, de la anunciada modificación de la Ley de Costas para "legalizar" esa, al parecer, institución fundamental de nuestra cultura como son los chiringuitos de playa. Podemos mencionar también la disminución de los niveles de exigencia en las construcciones de los espacios naturales de Andalucía. Hay que añadir sin duda al catálogo de rebajas medioambientales la reforma del decreto que regula los campos de golf, que permitirá aceptar más fácilmente construir unas instalaciones siempre difíciles de compaginar con la conservación de recursos hídricos y naturales, con la excusa de su teórico "interés general"; la filosofía en fin del apartamento en primera línea de campo de golf.

Lo peor de esta serie de iniciativas de los Gobiernos central y andaluz es que tienen lugar con unos marcos legislativos y estatutarios que señalan una orientación -debería ser vinculante- completamente opuesta. Véase como pruebas irrefutables, la flamantemente retórica, si no demuestra lo contrario, Ley de Desarrollo Sostenible del Gobierno del Estado; y por supuesto, la aprobación de un Estatuto de Autonomía especialmente sensible con estos temas, propuesto en su día por el Gobierno andaluz. Si de verdad se quiere hacer una política ambiental coherente con el derecho que nos reconoce la Constitución y la norma institucional básica de Andalucía, es necesario cambiar el rumbo. Esta había sido por lo demás una de las señas políticas de identidad que marcaban la diferencia con el Partido Popular.

Esta historia tiene un final predecible. Sobre todo si no se pone coto, desde las instancias que representan al conjunto de la ciudadanía, a aquellos intereses que, quizás siendo legítimos, están propugnando el mismo modelo económico que hace años convirtió a nuestra comunidad en una interminable muralla de cemento a lo largo de sus costas y playas, que permitió similares barbaridades urbanísticas dentro de los mejores espacios naturales de esta tierra, que convirtió a Andalucía en el señuelo fácil de una segunda residencia al borde de un bonito paisaje, tras el cual no se escondía sino la desidia y el oportunismo del poder político.

Gerardo Ruiz-Rico es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Jaén.