A verlas venir

El líder de la oposición, Mariano Rajoy, compareció ayer ante representantes del mundo económico y empresarial para, supuestamente, exponer las líneas generales de su programa económico. La sensación general fue frustrante. Es cierto que faltan casi dos años hasta las elecciones y, por tanto, podía intentar el equilibrio difícil entre un compromiso explícito con medidas concretas y la conservación de un amplio margen de maniobra para el futuro. Pero de la intervención de Rajoy se deduce que sigue confiando más en el desgaste de Zapatero que en las virtudes de su inexistente programa, por más que el intento de al menos plantear un esbozo de prioridades podría indicar una cierta conciencia de las limitaciones de la estrategia de estar a verlas venir.

El recorte del gasto público adoptado por el Gobierno, así como el decreto sobre la reforma laboral y las medidas para consolidar el sistema financiero, han trastocado los datos de partida del debate político. Ante la nueva realidad, la oposición no podía limitarse a seguir oponiendo negativas a las iniciativas de un Gobierno que ha empezado a adoptar medidas a la altura de la gravedad de la crisis; medidas que coinciden, por lo demás, con las que están planteando los restantes países de la zona euro. Rajoy sigue en el terreno del deber ser, o en el de "yo ya lo dije" (que había que controlar el déficit) como si eso le eximiera de decir ahora cómo combatirlo.

La novedad fue propugnar que se incluya en la Constitución, como hizo Alemania, la obligación de no superar determinado nivel de déficit. Aparte de la dificultad política para llevar a buen fin una iniciativa que requeriría reformar la Constitución, y de la discutible conveniencia de atarse las manos hasta ese punto, la propuesta revela la voluntad de mantenerse en el nivel más genérico, el constitucional, para no entrar en compromisos concretos. Es decir, el de cómo atajar -recortando qué gastos- el déficit realmente existente. Se limitó a sugerir una imprecisa reforma de las Administraciones públicas, necesaria en cualquier caso pero incapaz de ofrecer los resultados inmediatos que se necesitan.

Otro tanto hizo con la reforma laboral, evitando pronunciarse sobre el decreto recién convalidado y subrayando únicamente que la negociación colectiva debe plantearse a nivel de empresa. Otros temas, como la reforma energética o la de la educación, fueron planteados en el mismo nivel generalista, con el agravante, en el caso de la educación, de que propuso hacer aquello que su partido acaba de boicotear: un pacto capaz de mantener su vigencia esencial con cualquier Gobierno. Y ello pese a que, al descartar la insinuación de Arenas, dijo que "pactos de Estado, sí; coalición de Gobierno (con el PSOE), no". ¿En qué tema era más necesario un pacto que en la Educación? La misma falta de credibilidad de la que Rajoy acusa al Gobierno es la que él sufre cuando propone iniciativas que ha saboteado, o cuando recurre a la teoría para no pronunciarse sobre la realidad.