El Ejército salvadoreño toma el control de las cárceles más peligrosas

Mauricio Funes, el presidente de El Salvador, apuesta por la mano dura para luchar contra el crimen. Dada la violencia endémica que afecta al país, y que esta semana mostró su cara más salvaje con el incendio por parte de las temidas maras de un autobús urbano en el que fallecieron calcinados 16 pasajeros, el Gobierno ha decidido desplegar 1.500 soldados para controlar las cárceles más peligrosas y enviar al Parlamento una ley que criminaliza a quienes pertenecen a las maras, las violentas pandillas que aterrorizan al país más pequeño de Centroamérica.

El presidente salvadoreño ha dicho que la ley es necesaria para contener la violencia en el país con la mayor tasa de homicidios de la región. El año 2009 fue especialmente violento, con el registro de 4.367 asesinatos, es decir, un promedio de 12 diarios. Para reducir estos índices de violencia, Funes propone considerar como delincuentes a los integrantes de las pandillas. "Esta ley debe complementar la labor policial en la lucha contra estas bandas", dijo el mandatario al presentar el proyecto en una cadena nacional, que, sin embargo, tendrá que salvar varios obstáculos.

Una medida similar ya había sido propuesta durante el mandato del ex presidente Francisco Flores. La llamada Ley Antimara, que preveía penas por pertenecer a las pandillas de hasta cinco años de prisión y que tomaba como prueba el simple hecho de llevar los tatuajes identificativos de las maras, fue declarada inconstitucional. Naciones Unidas, que rechazó desde un inicio aquella ley, exigió que fuera declarada inconstitucional. El FMLN, entonces en la oposición, también rechazó la medida.

Funes se ha defendido de las críticas argumentando que su ley no viola preceptos constitucionales: se encuentra en el marco de la Constitución, ha dicho. Y cuenta con el apoyo de su partido, de la opositora Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y del poderoso sector empresarial salvadoreño, que siempre se ha inclinado por el uso de la mano dura contra las maras. La iniciativa de Funes ha logrado el apoyo del Gobierno de Estados Unidos, cuyo encargado de negocios de la Embajada en San Salvador, Robert Blau, dijo que su país ve con buenos ojos la medida del presidente. Con ese respaldo, Funes ya ha ordenado a su ministro de Seguridad, Manuel Melger, que prepare la ley y la presente al Parlamento a la mayor brevedad.

El presidente también ha ordenado al Ejército tomar el control de las cárceles más peligrosas, en las que son frecuentes los motines y los pleitos entre mareros rivales. Los militares, además, garantizarán la seguridad en los vecindarios que rodean las prisiones y redoblarán los controles de los puntos "negros" de las fronteras, por donde los mareros suelen entrar y salir a su antojo para cometer sus crímenes y escapar de la justicia.