La Asamblea veta la investigación del caso de los espías

El espionaje a altos cargos del PP en la Comunidad de Madrid es un tema tabú para la Asamblea de Madrid. El grupo popular en la Cámara regional ha rechazado ya siete iniciativas presentadas por el PSOE (tres comparecencias y cuatro preguntas parlamentarias) sobre el asunto. La última, ayer. El grupo popular bloqueó una pregunta parlamentaria en la que cuestionaba al consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, sobre un informe caligráfico encargado por la juez que investiga el caso que demuestra la autenticidad de los partes de seguimiento. El informe revela que la letra que aparece en los partes corresponde a un trabajador de la consejería que dirige Granados. Además, la policía concluye que este empleado intentó falsear su letra ante la juez para que no se pareciese a la que había escrito en los partes.

El PP explicará el gasto en publicidad de la Ciudad de la Justicia

"El consejero debería ser el primer interesado en aclarar los últimos datos aparecidos que ponen de manifiesto la existencia de partes de seguimiento cuya existencia el Gobierno regional negó. Ahora las pruebas de peritaje han confirmado que las firmas de estos partes corresponden a personas vinculadas directamente con el señor Granados", señaló la portavoz socialista, Maru Menéndez.

Los populares, por su parte, justifican el veto porque el asunto ya fue suficientemente investigado en una comisión en la Asamblea. Pérez recordó, además, que la Asamblea ya ha tratado 34 comparecencias, una interpelación, una moción y 12 preguntas orales sobre el asunto. El portavoz popular evitó hacer más comentarios hasta conocer el informe policial. "Habrá que esperar la resolución judicial para ver quién tiene que rectificar", precisó tras la reunión de la junta de portavoces celebrada ayer en la Asamblea de Madrid.

Por su parte, la socialista Maru Menéndez criticó la opacidad del PP. "En lo que va de legislatura nos han bloqueado 96 iniciativas parlamentarias", precisó un portavoz de los socialistas.

Una iniciativa que el PP no ha bloqueado obligará a la presidenta regional, Esperanza Aguirre, a dar explicaciones sobre los excesivos gastos de publicidad y propaganda realizados para promocionar la Ciudad de la Justicia. El megaproyecto judicial de Aguirre que está congelado por falta de presupuesto. Aun así, el Gobierno regional autorizó un gasto de 1,4 millones de euros en la publicidad del acto de colocación de la primera piedra.