El juez Torres avala parte de la versión de Urquía
El magistrado reconoce que habló de la administración del 'caso Hidalgo'
El magistrado Miguel Ángel Torres, que fue titular del Juzgado de Instrucción 5 de Marbella (Málaga), declaró ayer como testigo en el juicio que se sigue contra su ex compañero Francisco Javier de Urquía, acusado de participar en una trama de extorsión a imputados del caso Hidalgo. Torres, que acudía a petición de la acusación particular, reconoció que Urquía, instructor de esta causa contra el blanqueo de capitales, le consultó sobre el salario del administrador judicial de las empresas intervenidas en la operación policial.
Torres, con experiencia en este tipo de nombramientos, recomendó a su ex colega Urquía que tratara de consensuar el nombre y el sueldo del administrador con los anteriores dueños de las empresas. Esta versión coincide con la aportada por Urquía. Sin embargo, el juez Torres no se mojó más por su ex compañero y aseguró que este consejo fue toda su intervención en el asunto.
El padre del ex juez dice que un guardia civil montó la trama contra su hijo
En su declaración, que apenas duró 20 minutos, Torres afirmó no conocía al administrador que finalmente se designó para gestionar las empresas y que Urquía y él no hablaron de cantidades.Torres afirmó que Urquía estaba "preocupado" por el nombramiento y recordó que a su colega le parecía "excesivo" el sueldo que el administrador debería cobrar según los baremos oficiales. Urquía mantuvo la semana pasada que la designación del administrador fue consensuada y que incluso bajó sus retribuciones, fijadas inicialmente en 65.000 euros al mes.
La Fiscalía considera que la decisión fue "personal" y que las altas retribuciones del administrador eran una forma de presionar a David Shamoon, imputado en el caso Hidalgo, para que aceptara pagar hasta ocho millones a los amigos de Urquía para que este levantara el embargo judicial sobre el hotel Puente Romano, propiedad de Shamoon.
También declaró ayer como testigo Faustino de Urquía, padre del juez suspendido y ex presidente de la Audiencia de Alicante. Este avaló la tesis de que el caso de los sobornos es un montaje de los imputados en el caso Hidalgo para desacreditar la operación. Faustino de Urquía manifestó la "convicción personal" de que el alférez de la Guardia Civil ante el que denunciaron los hechos forma parte de esa "trama".
Según el padre de Urquía, el agente intentó presionar a uno de los imputados en esta causa -Igor Mier, dueño de la revista Social Life- para que cambiara su declaración e implicara de nuevo al juez cuando el caso contra él ya se había sobreseído. Una reunión mantenida entre el alférez e Igor Mier en El Corte Inglés en diciembre de 2008 es la base de su afirmación. Supuestamente el agente le dijo a Mier que si involucraba al juez lo suyo quedaría en "un tirón de orejas", dijo Urquía padre.
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