El fiscal pide la absolución de Garzón y La Haya mantiene su ofrecimiento

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha reclamado la absolución para el juez Baltasar Garzón en el juicio que se le seguirá en el Tribunal Supremo por haber investigado los crímenes del franquismo, al considerar que los hechos de los que le acusan Manos Limpias y Falange Española de las JONS en los escritos supervisados por el juez instructor Luciano Varela, "no son constitutivos de delito, y en modo alguno del delito de prevaricación del artículo 446.3 del Código Penal".

Este precepto castiga con pena de 10 a 20 años de inhabilitación especial al magistrado que, "a sabiendas, dictare resolución injusta". Falange y Manos Limpias solicitaron la pena máxima de 20 años de inhabilitación para Garzón y la segunda de estas formaciones incluso acomodó su escrito a las instrucciones de Varela relativas a que el juez actuó "a sabiendas".

Ocampo tranquiliza al Poder Judicial: Garzón no tendrá inmunidad

El fiscal, que en un escrito anterior criticó a Varela por inventarse nuevos trámites y plazos para perjudicar a Garzón, dice ahora que "sin delito y sin autor no es posible solicitar la imposición de pena alguna", ni tampoco "solicitar responsabilidad civil alguna".

Para el acto del juicio, propone como prueba el interrogatorio de Garzón, y la lectura de los autos en los que el juez incoa diligencias sobre las denuncias de víctimas del franquismo "vinculadas a hechos criminales acaecidos en España a partir del 18 de julio de 1936". También propone la lectura del auto por el que Garzón se declara competente para investigar el franquismo y en el que acuerda inhibirse en favor de distintos juzgados. También pide que se dé lectura al auto del Pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional y de los votos de los tres magistrados que apoyaron la competencia de Garzón.

Entretanto, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno-Ocampo, respondió ayer, en una carta enviada al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, y al secretario del mismo, Celso Rodríguez, que ya "conocía la investigación abierta contra el magistrado Baltasar Garzón Real" y que confirma que no encuentra "razones para modificar la decisión de contratarle en calidad de asesor legal de la fiscalía". Moreno-Ocampo explica que comprende que el juez "de acuerdo con la ley Orgánica del Poder Judicial de España debía ser suspendido de sus funciones", pero añade: "La fiscalía, en sus decisiones administrativas respeta el principio de inocencia establecido por el artículo 66 del Estatuto de Roma y, por lo tanto, ni la iniciación de un proceso penal contra el mencionado magistrado, ni su consecuente suspensión provisoria constituyen un obstáculo para su contratación".

Por último, y en contestación a una pregunta directa del Consejo General del Poder Judicial, aclara: "El cargo de asesor no incluye ningún tipo de inmunidad procesal". El fiscal de la Corte Penal Internacional se despide del presidente del CGPJ confiando en contar con su "apreciada cooperación". La cuestión sobre la inmunidad planteada por el Consejo ha causado cierta perplejidad en medios jurídicos por cuanto esta viene detallada en el Protocolo sobre Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional fácilmente accesible por Internet.

A su vez, el Ministerio de Asuntos Exteriores remitió un nuevo informe al Consejo del Poder Judicial reiterando que sigue siendo "de interés" para España la presencia de Garzón en el Tribunal Penal Internacional de La Haya. Exteriores se pronunció en la misma línea que en el informe solicitado la pasada semana, y ratificó la calificación que el Gobierno da al eventual traslado de Garzón a La Haya pese a la suspensión del magistrado.