La complejidad del peor real decreto

El Consejo de Ministros que preside José Luis Rodríguez Zapatero dará mañana su visto bueno a un decreto ley que nunca hubiera deseado aprobar. De hecho, hasta hace sólo unos días, nunca pensó Zapatero que algunos de sus principales referentes de política social -las pensiones, la Ley de Dependencia o la Ayuda al Desarrollo- podrían sufrir las consecuencias de la crisis económica.

El recorte salarial a los funcionarios, el primero de este tipo en la historia de España, que Zapatero decidió después de que su vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega defendiera a capa y espada el acuerdo de la leve subida salarial en la Función Pública, acarrea además algunas complicaciones legales cuya solución nadie pudo ayer anticipar.

Por un lado, la medida que reducirá un 5% de media los ingresos de los funcionarios pretende extenderse también a los trabajadores de las empresas, entes y organismos públicos estatales (Renfe, AENA, Adif...), aunque para ello el Gobierno busca aún fórmulas legales sin poder precisar cuáles serán.

Los gobiernos de Ayuntamientos y comunidades están pendientes del real decreto ley que apruebe el Consejo de Ministros para saber cómo les va a afectar y cómo deben actuar con las decenas de miles de empleados de sus empresas municipales de transporte, por ejemplo.

Además, el decreto ley debe ser convalidado en el Congreso de los Diputados y el Gobierno parece que se ha quedado solo en la gestión de la crisis económica, sin que se puedan vislumbrar a estas alturas aliados suficientes (al menos siete votos) para que al presidente del Gobierno, en su momento más amargo, se le haga llevadero este periodo de incertidumbres y noticias negativas.