Protesta en Valencia a la media hora de anunciar los ajustes Zapatero

Reacción automática. Las banderas de la Intersindical Valenciana ondeaban ayer frente a la delegación del Gobierno media hora después de que terminara el debate en el Congreso. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, había anunciado la congelación de las pensiones, la eliminación del cheque bebé y una bajada media del 5% en el sueldo de los empleados públicos. Vicent Mauri, portavoz de la Intersindical, advertía: "Ha declarado la guerra a la función pública. Tomaremos todas las medidas necesarias para parar esta tropelía". El tono bélico predominaba. "Es un ataque frontal a la confianza social" (UGT). "De nuevo atentan contra los derechos de los trabajadores y los pensionistas" (CC OO).

El PP valenciano se subía al carro: "Zapatero está poniendo en peligro la cohesión social y se ha convertido en el gran recortador de derechos sociales". "Tendrá respuesta en la calle a sus medidas injustas y antisociales" (EU). "Ataca a los funcionarios, que son trabajadores, y no se atreve con los poderosos" (Bloc). "Con estas medidas queda probado que el Gobierno socialista no es de izquierdas" (Iniciativa).

Por una vez el Ejecutivo se encontró con el único apoyo de la patronal: Cierval celebró las medidas para reducir el déficit y sólo se quejó de que no se hubieran aprobado antes.

El recorte salarial alcanzará, aunque no con la misma intensidad, a todos los empleados públicos valencianos: 228.453. Tanto funcionarios como personal laboral, de todos los niveles del Estado. De ellos, 32.072 dependen de la Administración central; 127.150, de la autonómica; 57.301, de la local, y 5.873, de las universidades.

La rebaja afectará a las retribuciones básicas (salario, antigüedad y complemento de destino). Los complementos autonómicos van aparte, aunque las comunidades autónomas pueden pactar una bajada simétrica en el Consejo de Política Fiscal.