Gallizo reduce el escándalo de Meco a un solo funcionario

El periodo medio de estancia en prisión en España, 18 meses en 2008, duplica y triplica el de países como Francia o Italia. La media europea está en 7,1. Es una de las causas de la sobrepoblación reclusa -España tiene la tasa de presos más alta de Europa y una de las más bajas de delincuencia-, pero ayer, en la comparecencia en el Senado de la secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, apenas se habló de este tema. Sobre la mesa estaban las noticias de los últimos 20 días sobre corrupción (y sospecha de abusos sexuales en algún caso) en dos o tres centros.

Gallizo ofreció, para empezar, una ristra de datos sobre el número de reclusos (65.931, a los que se deben añadir los más de 10.000 de Cataluña); nuevos tipos de presos (949 internos por seguridad vial y 3.887 por violencia de género); políticas de tratamiento... y después respondió a las preguntas de los senadores, en especial de la popular Encarnación Naharro, sobre los incidentes en Alcalá-Meco. Gallizo minimizó la cuestión. Dijo que era un "hecho concreto" que afectaba a un funcionario, que las informaciones publicadas procedían de una fuente "interesada", que insistir en el tema sólo tenía un interés "morboso" y que el problema nada tenía que ver con la aplicación de la Ley de Igualdad en las cárceles (por la que funcionarios de ambos sexos pueden atender a internos y a internas). "Hablamos de un caso indebido de una persona y da igual si es hombre o mujer (...) porque también se dan ese tipo de casos entre personas del mismo sexo", afirmó.

Ley de Igualdad

Naharro discrepó y explicó la proposición de ley del PP para modificar la normativa vigente y dar marcha atrás en la unificación de escalas. La senadora popular pidió explicaciones sobre el informe de aplicación de la Ley de Igualdad que el Pleno del Congreso solicitó al Gobierno en junio de 2009, que debía hacerse en el plazo de tres meses y que aún no ha visto la luz.

Gallizo reiteró que la gestión del caso de la cárcel de mujeres de Madrid I (Alcalá Meco), donde se destituyó a la cúpula directiva por el episodio que se está investigando, en el que hay sospechas de que un funcionario mantuvo relaciones sexuales con internas, fue correcta, e insistió en que también se producen abusos en centros educativos y consultas médicas como argumento de descargo.