Besteiro avala legalizar Barreiros sin el voto del BNG

El convenio para legalizar el polémico urbanismo de Barreiros con 14 millones de euros de dinero público ha abierto una grieta en la coalición que gobierna la Diputación de Lugo. La institución que preside el socialista José Ramón Gómez Besteiro fue la última en ratificar el pacto a tres bandas, que ya habían firmado la Consellería de Medio Ambiente y el propio Ayuntamiento de Barreiros. La decisión del organismo provincial fue adoptada ayer por la Junta de Gobierno con el voto favorable de siete diputados socialistas frente al no de los dos representantes del BNG.

El convenio suscrito por Gómez Besteiro conlleva una aportación de la Diputación lucense de 1,2 millones de euros para financiar obras de urbanización en las polémicas promociones de viviendas que proliferaron en los últimos años en la localidad de la Mariña lucense, y que el bipartito de Emilio Pérez Touriño intentó frenar en su día. De hecho, la Xunta anterior presentó recursos en el juzgado de lo contencioso administrativo contra las licencias concedidas por el alcalde del PP, Alfonso Fuente Parga, por entender que los más de 3.100 pisos previstos se asentaban sobre suelo urbano no consolidado.

En el fallo, el juez ha anulado la primera de las 44 licencias impugnadas que permitieron levantar cuatro edificios y 173 pisos. La sentencia avanza por dónde pueden ir el resto de fallos de los tribunales, al afirmar el juez que muchas de las licencias concedidas en los últimos tiempos en Barreiros adolecen de las mismas deficiencias que motivaron esta primera anulación.

En la vía penal

El caótico desarrollo urbanístico de Barreiros ha propiciado además una segunda denuncia, esta por la vía de lo penal, del ministerio fiscal, en la que acusa de prevaricación urbanística al alcalde, a tres de los concejales del PP que aprobaron los permisos en la Junta de Gobierno y a la arquitecta municipal, Marta Geada, que avaló algunos expedientes con informes favorables.

El convenio avalado por la Diputación de Lugo otorga obligaciones para las tres administraciones que lo suscriben pero no para los promotores inmobiliarios cuya firma no figura en el documento. El presidente de la Xunta repite estos días que si los constructores -que hace cuatro años ya se comprometieron con el ayuntamiento a financiar parte de las obras- no aportan ahora los fondos, no comenzarán los trabajos.