El pago simbólico por visita médica no convence a políticos ni a expertos

¿Qué pasaría si tuviera que pagar dos euros por consulta médica? ¿Y cinco cada vez que vaya a urgencias? El debate sobre el llamado copago es antiguo en España. Ahora, en un momento en que toca apretarse el cinturón, con una sanidad pública que padece de déficit crónico y una deuda de más de 12.000 millones de euros, resucita para algunos como una posible receta a aplicar. No tanto para aportar nuevos recursos al sistema (financiación), sino más bien como una medida disuasoria. Pero el sistema, que ya se utiliza de distintas formas en muchos países de la UE, tiene sus riesgos: puede privar del uso de la sanidad a muchos que lo necesitan. Su rentabilidad, además, está en duda.

"No sería copago, sería repago", dispara Gaspar Llamazares, diputado de Izquierda Unida en el Congreso y presidente de la subcomisión de Sanidad. "Los ciudadanos ya financian el sistema público con sus impuestos. Se les pediría que lo vuelvan a financiar, con evidente peligro para su salud. Sobre todo para los que tienen menos cultura sanitaria, que podrían dejar de ir al médico cuando lo necesitan", añade. No es una opinión aislada. La coordinadora de Política Social del PP y ex ministra de Sanidad, Ana Pastor, también rechaza la receta. El acuerdo en el terreno político es casi unánime. Salvando las voces de algunos consejeros autonómicos, que como Cataluña ha abierto el debate en diversas ocasiones. Ni el Gobierno ni los grupos parlamentarios son partidarios del copago asistencial. De hecho, en 2009 el Congreso aprobó una proposición no de ley que rechazaba este mecanismo.

En Suecia se abona incluso una cifra modesta por cada día en el hospital

Una fórmula "peligrosa", según el secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos. "Desde el punto de vista recaudatorio el copago no sería válido. El sistema español se basa en los impuestos y el copago apenas aportaría beneficios. Y desde el punto de vista disuasorio el riesgo que supone es grande", apunta. "Puede haber pacientes con un problema de salud que han dejado de ir al médico por cuestiones económicas y que cuando finalmente terminan acudiendo, la patología que sufren ya es mucho más difícil y costosa", aclara Pastor.

El Ministerio de Sanidad ha hecho sus cuentas y ha visto que introducir el copago asistencial no compensa económicamente. "La mayoría de gastos que enfrenta el sistema de salud son fijos. El ahorro que puede suponer que se reduzcan las visitas a urgencias por este mecanismo moderador aporta eficiencia al sistema, pero no supone apenas beneficio económico", aclara el secretario general de Sanidad.

El consejero de Sanidad de Asturias, Ramón Quirós, tampoco cree en su valor recaudatorio. "Debería debatirse, en todo caso, cuál debe ser su utilidad para ayudar a responsabilizar a todos de la pervivencia del sistema. Esta, además, como medida aislada no sería útil", dice.

En muchos países de la UE funciona algún tipo de copago asistencial. Los modelos son diversos: desde una cantidad fija por consulta, algo que ya funciona en Portugal, por ejemplo; a un dinero que se adelanta y luego se reembolsa, como se hace en Francia. En Suecia, por ejemplo, se paga, incluso por día de hospitalización. "Sólo Reino Unido, como España, no tienen ninguna de esas medidas", explica María del Mar Martínez, consultora especializada de McKinsey. "Esto no es un tema de rentabilidad, sino de percepción de que la sanidad cuesta. En España se debería aplicar como un mecanismo moderador de la demanda", dice. Sin embargo, aclara, antes de hacerlo habría que pensar muy bien cómo.

En Alemania, por ejemplo, donde se introdujo el copago en atención primaria como una especie de tarifa plana trimestral, se redujo la afluencia médica en un primer momento. "Hasta que los ciudadanos percibieron que podían pagar una vez y luego ir al médico todas las veces que querían", dice Martínez, quien recuerda que los españoles son de los ciudadanos europeos que más van al médico (8,1 veces frente a las 5,8 veces de la media de la Europa de los 15).

Martínez, como otros, llama la atención, además, de que la fórmula correcta debería basarse en la renta de las personas. Algo que, sin embargo, según Llamazares, sería muy complicado. "Habría que crear un sistema administrativo específico, y esto sería más caro que lo recaudado", añade. Esta medida disuasoria, dice Martínez Olmos, no sería correcta. Sanidad apuesta por otras fórmulas de corresponsabilización basadas en la información. Como las llamadas facturas en la sombra, en la que se informa al ciudadano de lo que ha costado su atención.