Las órdenes de protección por maltrato crecen un 26%

Las órdenes de protección por maltrato dictadas en la comunidad crecieron un 26% en 2009 respecto al año anterior. La consejera de Justicia, Begoña Álvarez, estimó ayer que, durante 2009, los juzgados andaluces dictaron unas 7.000 órdenes de este tipo. En 2008, fueron 5.543, según se recoge en el informe estadístico de violencia sobre las mujeres del Consejo General del Poder Judicial.

Álvarez y la consejera de Igualdad, Micaela Navarro, presentaron ayer en Sevilla el primer balance del nuevo sistema telemático unificado que permite notificar de forma inmediata las órdenes de protección entre los órganos judiciales y los organismos de asistencia a las víctimas. Este sistema arrancó de forma experimental en septiembre de 2009 en las provincias de Almería, Huelva y Jaén. El modelo, que fue el primero de este tipo que se aplicó en España, se extendió a toda la comunidad en noviembre.

Desde que se puso en marcha y hasta el 31 de diciembre, este punto de coordinación recibió y tramitó la notificación de 351 órdenes de protección, 250 dictadas por violencia de género y 101 por violencia doméstica.

Eficacia

El punto de coordinación, según dijo ayer Navarro, permite "garantizar" con mayor eficacia las medidas de asistencia y protección de las víctimas, coordinando la información de una manera "ágil, eficaz y segura" entre los diferentes organismos e instituciones dedicados a la asistencia y protección social.

Cada vez que se recibe la notificación de una orden de protección desde un juzgado, el punto de encuentro, que está ubicado en la Consejería de Igualdad, la traslada inmediatamente a todas estas instituciones y organismos. Estos organismos deben remitir luego un acuse de recibo detallando el seguimiento de cada caso.

Las órdenes se envían al servicio de atención a las víctimas para la asistencia en sede judicial, al centro provincial de la mujer -para que se determine qué atención debe prestarse- o a "cualquier otro organismo sanitario, social o de empleo que se requiera". El objetivo es que las víctimas estén informadas de todos los servicios a los que pueden acceder y de las medidas administrativas que se derivan de la orden de protección.