Desaparece el permiso de la Junta a las grandes superficies

La autorización previa de la Junta no será ya requisito obligatorio para la apertura de grandes superficies comerciales. La desaparición de esta licencia es una de las medidas de más alcance de las contempladas en el decreto aprobado ayer por el Consejo de Gobierno que modifica 16 leyes autonómicas para adaptarlas a la Directiva Europea de Servicios.

Básicamente se trata de eliminar trabas a la libre competencia en los servicios y simplificar trámites y procedimientos para favorecer la efectiva implantación de un mercado único. En las 16 leyes afectadas en asuntos de comercio, turismo, energía, medio ambiente, cultura, transportes, juego y salud, se eliminan autorizaciones previas que se sustituyen por declaraciones responsables o comunicaciones.

Alonso sostiene que se trata de un "cambio radical" en la política comercial

En el caso de la eliminación de la licencia autonómica para los comercios con más de 2.500 metros cuadrados de superficie se trata de "un cambio radical", según aseguró el consejero de Turismo, Comercio y Deportes, Luciano Alonso. Este permiso obligatorio se instauró en 1996 con el objetivo de controlar la implantación de grandes superficies y en respaldo de los intereses del pequeño comercio tradicional.

Una de las consecuencias de la eliminación de este trámite es la reducción considerable del tiempo de tramitación de las licencias, pues antes la Junta tenía cinco meses para pronunciarse, y ahora sólo se contemplan tres meses para la obtención de la licencia municipal. Se implanta la ventanilla única en los ayuntamientos, aunque como recordó Alonso, la Junta seguirá teniendo mucho que decir porque deberá emitir un informe de incidencia territorial, de carácter vinculante. La opinión de la administración autonómica se restringe ahora a cuestiones relacionadas con el urbanismo y el medio ambiente, de forma que se garantice la idoneidad de los suelos por su consideración urbanística, sus características físicas, y la accesibilidad. La justificación para mantener esta potestad es que la implantación de grandes superficies de más de 2.500 metros cuadrados tiene una incidencia territorial que no sólo afecta a un término municipal y en ordenación territorial la administración autonómica es la competente.

Alonso invocó ayer este argumento para restar importancia al informe de la Agencia de Defensa de la Competencia que ha cuestionado el decreto con un dictamen especialmente crítico en el que sostiene que pese a la eliminación de la licencia, la Junta se reserva de hecho la última palabra sobre las grandes superficies por criterios urbanísticos. El consejero enfatizó que ha sido una ley elaborada por consenso y que cuenta con el beneplácito de empresarios, sindicatos y municipios. Otro requisito que elimina la ley es la obligatoriedad de inscribirse en un registro autonómico para los vendedores ambulantes.