Caja Madrid pagará 26 millones del agujero de Gescartera

Pocas veces los juicios por grandes estafas en las que desaparecen miles de millones y los perjudicados se cuentan por cientos acaban bien. El 28 de marzo de 2008, dos cajas de ahorros solventes, La Caixa y Caja Madrid, resultaron condenadas por la Audiencia Nacional como responsables civiles subsidiarias por coadyuvar conscientemente al "mantenimiento de la irregular operativa empresarial que realizaba Gescartera". El agujero patrimonial de Gescartera ascendía a 14.641 millones de pesetas, es decir, 87.995.626 euros. Todo indicaba que los inversores de Gescartera cobrarían, pero ayer, la Sala Segunda del Tribunal Supremo echó un jarro de agua fría sobre las aspiraciones de los inversores. Por un lado, dejó fuera a La Caixa y, por otro, limitó la responsabilidad civil de Caja Madrid a 26 de los casi 88 millones de euros del agujero de la agencia de valores, intervenida en junio de 2001. De este modo, la indemnización se quedará en la tercera parte y no para todos los inversores.

El Supremo, además, ha confirmado las penas de los cuatro principales acusados, pero ha absuelto a otros cuatro de los ocho condenados por la Audiencia Nacional.

Camacho, a prisión

Antonio Camacho, propietario de Gescartera, deberá ingresar de nuevo en prisión pues se ha confirmado la pena de 11 años por apropiación indebida y falsedad documental. Lo mismo ocurrirá con José María Ruiz de la Serna, número dos de la agencia, que ha visto ratificados los 10 años y seis meses a los que fue condenado en 2008 por los mismos delitos. Francisco Javier Sierra de la Flor, subdirector general y apoderado de la entidad, se enfrentará a los seis años y seis meses a los que le condenó la Audiencia por apropiación indebida. La última condenada es la ex presidenta de Gescartera, Pilar Giménez-Reyna, que ve confirmada la pena de tres años y seis meses por complicidad en el mismo delito.

Por el contrario, el Supremo ha absuelto a los asesores fiscales y de gestión de patrimonios Julio Rodríguez Gil y Aníbal Sardón, así como al director y subdirector de la sucursal de La Caixa de Majadahonda (Madrid) con la que operaba Gescartera, José Alfonso Castro Mayoral y Miguel Carlos Prats. El Supremo entiende que Castro y Prats operaron "desde afuera" cuando firmaron en 1999 unos certificados sobre los supuestos fondos recibidos de Gescartera.