PSC y CiU llegan a un acuerdo para poner en marcha la Oficina Antifraude

Los dos grandes partidos catalanes, Partit dels Socialistes y Convergència i Unió, han alcanzado un acuerdo para aprobar el reglamento de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC). El acuerdo final ha llegado después de aceptar el PSC buena parte de las enmiendas presentadas por CiU, que se había descolgado de la aprobación inicial de la ley. Los socialistas han accedido a que el reglamento deje de incorporar la posibilidad de que las inspecciones que realicen el director o los funcionarios de la OAC a cualquier administración pública se lleven a cabo sin previo aviso.

Fuentes de ambos partidos negaron ayer que esto pueda ser interpretado como una rebaja. Sin embargo, la oficina llega a su puesta en marcha definitiva tras cinco años de tramitación parlamentaria durante la que ha sufrido varias rebajas a su ambicioso espíritu inicial. La OAC es un proyecto pionero que ERC llevó a su programa electoral de 2003 y fue incluido en el Pacto del Tinell. Pero cayó en el olvido hasta que en enero de 2005 se hundió el Carmel por culpa de las obras del metro. Entonces, como ahora con los casos Palau y Pretoria, el Gobierno catalán pisó el acelerador de sus asignaturas pendientes y entre las decisiones que tomó con un millar de vecinos viviendo en hoteles figuró la constitución de una comisión de investigación y la de la Oficina Antifraude. Entre otras cuestiones controlaría la adjudicación de obras públicas. CiU -junto con los municipios, recelosos de que su autonomía resulte tocada- ha sido la formación más reacia a la existencia de la OAC.

Por otra parte, el Gobierno catalán presentó ayer el paquete de medidas anticorrupción para evitar que se repita un caso Palau. Entre éstas figura que las fundaciones que reciben subvenciones no las puedan destinar a ayudar a partidos o sus fundaciones.