El alcalde de Roma desaloja a 100 familias gitanas

El Ayuntamiento de Roma, dirigido por el posfascista Gianni Alemanno, y el de Milán, que rige la ultraderechista Letizia Moratti, llevan meses echando abajo asentamientos de gitanos en cumplimiento de las normas aprobadas en mayo de 2008 por el Gobierno italiano.

Diversas organizaciones de derechos humanos denunciaron ayer la "persecución sistemática de la minoría romaní" en Italia. En apenas un año, calcula Roberto Malini, de EveryOne, se ha reducido en más de la mitad la población gitana residente en el país: de 170.000 a sólo 50.000 personas.

El miércoles pasado, al alba, se produjo en la periferia de Roma el último desalojo forzoso. Alrededor de 150 agentes de policía destruyeron con excavadoras y bomberos el campamento Casilino 700, en el que vivían 100 familias gitanas.

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Amnistía Internacional ha condenado la acción llevada a cabo por la policía y ha lanzado un manifiesto denunciando la "grave violación del derecho internacional y los derechos humanos" que suponen los desalojos que no son comunicados con anterioridad al juez y en los que no se ofrecen alojamientos alternativos a toda la comunidad afectada.

El alcalde de Roma, Gianni Alemanno, ha protestado contra la queja de Amnistía Internacional, aunque ha reconocido que ignoraba por completo el hecho de que los tratados internacionales protegen los derechos de las personas desalojadas

Varias ilegalidades

Según reiteró ayer la organización no gubernamental, el municipio italiano incumple la legalidad en varios puntos: "Destruyen sus bienes y no les indemnizan, no se les ofrece protección legal, muchos niños se ven obligados a dejar de ir a la escuela y algunas familias son divididas a la fuerza".

La Cruz Roja ha asistido con mantas y comida a algunos miembros de la comunidad que se habían refugiado en una fábrica abandonada. "Pero el Ayuntamiento ha desalojado también la fábrica", cuenta Roberto Malini.

El portavoz de EveryOne afirma que algunos padres, arrestados y llevados en autobús a comisaría, han sido obligados a firmar peticiones de repatriación voluntaria: "Ya no hay escrúpulos. Ante la pasividad de la Unión Europea, no rige más ley que la del odio racial".

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