Lo urgente y necesario

El Banco de España acaba de acreditar que España sigue en una recesión profunda (decrecimiento del 4,1% del PIB en tasa interanual, en el tercer trimestre del año), aunque se reduce un poco el ritmo de la caída de la economía. Casi al mismo tiempo, el Ministerio de Hacienda aportaba la cifra de un déficit estatal de casi el 6% (5,96%) de PIB a finales de septiembre. La previsión que sotto voce se hace del déficit público a final de año supera el 10%.

He aquí planteado, a través de estos porcentajes, el dilema de la política española, oscilante entre atender a lo más urgente (recuperar el crecimiento y, a través del mismo, reducir el desempleo) o a lo necesario (reducir el desequilibrio de las cuentas públicas, extraordinariamente deformadas por los estímulos puestos en marcha para combatir la crisis). El debate entre lo urgente y lo necesario, que confronta a los principales analistas. Un ejemplo de esa discusión emergió la pasada semana en la presentación del libro del economista y bancario Guillermo de la Dehesa, sobre la crisis financiera internacional. Participaron cuatro de los responsables de la economía española en los años de la democracia, con distintos tonos: en esquema Miguel Boyer (PSOE) defendió el mantenimiento de los estímulos económicos aun a costa de más déficit ("el déficit no puede ser tan prioritario como el crecimiento"), Solchaga y Solbes (PSOE) se apuntaron a los estímulos keynesianos pero con un horizonte máximo de déficit y reformas estructurales, y Rodrigo Rato (PP) precisó que se necesita ya un mayor equilibrio entre esfuerzo y austeridad.

El dilema está en si había que subir los impuestos ahora o dentro de un año. Nunca en bajarlos

Al acto faltó Elena Salgado, que tenía en ese momento un compromiso parlamentario. La actual vicepresidenta económica del Gobierno entiende que los Presupuestos de 2010 han mantenido la mayor parte de los estímulos públicos, pero que España ha de iniciar la consolidación fiscal antes que otros países, puesto que su déficit público es mayor que los de la mayor parte de su entorno (por ejemplo, Francia o Alemania), tiene abierto un procedimiento por déficit excesivo por la Comisión Europea desde el pasado mes de abril, y la propia Bruselas acaba de juzgar el futuro de las finanzas públicas de nuestro país de "alto riesgo", junto a países como Irlanda, Grecia, Letonia y Reino Unido. Ni la oposición, ni la opinión pública ni los mercados consentirían fácilmente la ruptura con los límites a los desequilibrios de las cuentas públicas que establece el Pacto de Estabilidad y Crecimiento para los países del euro.

En el Consejo de Ministros del pasado viernes, el Gobierno aprobó el Plan Económico-Financiero de Reequilibrio de la Administración del Estado, que en definitiva es un programa de consolidación fiscal de cuyo contenido concreto no se sabrá hasta que llegue al Parlamento, en cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Este plan incorpora las medidas para que en el año 2012 España ya esté en la senda de un 3% del déficit (Zapatero está buscando en la UE que ese objetivo pueda retrasarse un año), entre las cuales figura la lucha contra la evasión y la elusión fiscal (según algunos inspectores, el fraude podría alcanzar los 100.000 millones de euros) y un pacto con las comunidades autónomas y locales para reducir el déficit.

Para disponer de más argumentos para el debate impositivo, citemos algunos datos estructurales: primero, la Constitución, que en su artículo 31 dice "que todos contribuirán al mantenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en principios de igualdad y progresividad [el subrayado es nuestro], que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio". Segundo, que la presión fiscal en España está todavía por debajo que la media europea, aunque crece muy rápidamente; tercero, la enorme dependencia de los ingresos públicos, de la construcción de viviendas; y cuarto y último, las necesidades futuras en materia de gasto social (pensiones, dependencia, sanidad...) por el envejecimiento de la población española.

En definitiva, el dilema se centra en si había que subir los impuestos ahora o se podía haber esperado todavía un poco más. La Comisión Europea reclama un incremento de los ingresos y una reducción de gastos. En ningún esquema lógico se plantea una rebaja de impuestos en esta coyuntura. Ello sólo pertenece al planeta ideológico del PP.