Transparencia, por favor

Las reglas para las empresas estadounidenses que son demasiado grandes como para dejar que se hundan tienen que ser transparentes y equitativas. El borrador de ley sobre servicios financieros presentado por el Tesoro hace referencia a un nuevo tipo de bancos importantes para el sistema, a los que la Reserva Federal regula de manera más estricta y apoya económicamente. Esa lista debería ser pública, no confidencial como se propone, y hace falta que el campo de juego de los demasiado grandes para dejarlos hundirse esté claramente más nivelado.

La legislación propuesta por el Tesoro crea un consejo de reguladores financieros con capacidad para determinar qué bancos y otras empresas financieras son importantes para el sistema. La Reserva Federal exigirá a estas instituciones mayores reservas de capital, e incluso podrá obligarles a vender o cerrar secciones que se consideren arriesgadas para el sistema.

Hay dos problemas claros. El primero, que la legislación propone que no se revele la lista de instituciones consideradas demasiado grandes como para permitir que quiebren. Esto suscita la pregunta de qué criterios seguirá el consejo para determinar cuáles son esas instituciones. Si se hace teniendo en cuenta exclusivamente los activos, se podrá deducir fácilmente cuáles son los miembros de ese club. Si se emplean criterios subjetivos, será más difícil averiguar qué instituciones están en la lista; pero cualquier intento de mantener el secreto estará condenado al fracaso, porque el valor de saberlo será posiblemente elevado. Eso se debe a que la inclusión en la lista garantizaría el respaldo público, y posiblemente reduciría el coste de financiación de una institución, lo cual se vería compensado por un control más estricto de su actividad.

El segundo problema es dar excesiva discrecionalidad a la Reserva Federal. Dejando aparte las cuestiones sobre la capacidad del banco central estadounidense, esto permitiría que operaciones similares en bancos similares se regulasen de manera distinta. A JPMorgan, por ejemplo, podrían permitirle asumir una actividad de derivados de crédito, y a Citigroup no.

El consejo interregulador es una idea sensata, pero sus recomendaciones sobre las entidades demasiado grandes para permitir que se hundan deberían hacerse públicas.