El fiscal pedirá hoy prisión para Millet por riesgo de fuga

Cuatro meses después de la querella presentada por la fiscalía por apropiación indebida y falsedad, Fèlix Millet y Jordi Montull declararán hoy como imputados por el saqueo del Palau. El magistrado Juli Solaz ha previsto que la declaración no será muy extensa, pues las comparecencias están señaladas con tan sólo hora y media de intervalo. Sin embargo, fuentes judiciales consideran que el interrogatorio podría durar toda la mañana e incluso continuar por la tarde si, como todo parece indicar, el fiscal acaba solicitando el encarcelamiento de Millet y Montull.

El pasado día 5 el juez imputó formalmente a Millet y Montull, y los citó a declarar para hoy aclarando que sólo les preguntaría por los hechos de la querella y por los que ambos reconocen en la carta de confesión remitida al juzgado el pasado 15 de septiembre. Entre esos hechos, se incluye el "pago de comisiones a personas que estaban en condiciones de conseguir o facilitar la obtención de recursos económicos" para el Palau. "Y a menudo estos pagos -y las correspondientes salidas en efectivo- no han sido debidamente contabilizados", decía la confesión.

La fiscalía preguntará por el pago de comisiones para lograr recursos

La fiscalía considera que este apartado de la carta presenta muchos interrogantes y que ambos acusados deben aclarar qué personas recibieron estas comisiones, durante qué época, qué cantidad se les pagó en dinero negro y si fueron ellos los beneficiarios de los pagos o acabaron en otras manos. Las sospechas de la fiscalía sobre el desvío han aumentado después de que se conociera que Asociación Orfeó Català pagó a la Fundación Trias Fargas, vinculada a Convergència Democràtica de Catalunya, un total de 630.000 euros entre 1998 y 2007. Como esos hechos no figuran en los autos, el fiscal no tiene intención de preguntar por ellos. Falta por ver que hace el abogado del consorcio, que ejerce la acusación particular, así como el de la Diputación de Barcelona, que intentará hoy que se le permita ejercer la acusación popular, a pesar de que el juez no se ha pronunciado oficialmente sobre su personación.