O pruebas o dimisión

El partido Popular, principal grupo de la oposición y formación que aspira a gobernar España, volvió a sorprender ayer a la ciudadanía con el anuncio de que medita denunciar ante las instituciones europeas las presuntas escuchas ilegales a sus dirigentes. Esta vez fue Esteban González Pons, responsable de comunicación del partido de Rajoy, el autor de la ocurrencia. Cuando se cumplen varios días sin que el PP haya presentado una sola prueba de las gravísimas acusaciones lanzadas por su número dos, María Dolores de Cospedal, otro algo cargo del partido vuelve a superar las líneas rojas de la decencia democrática para ayudar a incendiar la política de este país, poner bajo sospecha las instituciones sobre las que descansa el ejercicio de nuestra democracia y atosigar a los ciudadanos con más crispación.

Basta ya. Los ciudadanos, que han asistido estupefactos esta semana a una escalada de tensión de las peores que se recuerdan, no tienen por qué soportar el cinismo de dirigentes políticos capaces de todo con el único objetivo de desviar la atención de los casos de corrupción que padecen. Si la estrategia ideada por el PP ante los gravísimos escándalos de Valencia, Madrid, y ahora Mallorca, entre otros, es derribar el edificio institucional a base de tremendas acusaciones sin pruebas, algunos de sus dirigentes deberían presentar la dimisión y aliviar a los ciudadanos de su presencia. Es inaceptable que una representante política de la categoría de María Dolores de Cospedal acuse sin pruebas al Gobierno, a la Fiscalía General del Estado, a los cuerpos de seguridad, a los servicios de inteligencia y a los jueces de cometer delitos más propios de un Estado totalitario que de una democracia europea. Si la número dos del PP no acude a los tribunales con las pruebas que sustenten sus acusaciones, debe abandonar la política. La democracia son procedimientos. Quien no los respeta no merece representar a los ciudadanos. No es la única. A su lado, otros importantes dirigentes del PP, como Cristóbal Montoro, contribuyen al desastre con la exigencia de que debe ser el Gobierno quien demuestre que las acusaciones son falsas. ¿Y Rajoy? El líder popular parece avalar, en ocasiones con su silencio, en ocasiones con sus palabras, la huida hacia adelante. ¿Es éste el estilo con el que aspira a conquistar La Moncloa?

Frente al fundado temor de que las olas de la corrupción continúen dejando indicios en la playa de Génova, y ante el temor de que el Supremo reabra el caso Camps ante la escandalosa insolvencia jurídica del auto de archivo emitido por el tribunal valenciano, el PP pretende amedrentar a jueces, fiscales, policías y periodistas, y, de paso, desmotivar a la ciudadanía, convencido de que no pagará costes electorales. Sus dirigentes deberían recordar que el Estado de derecho tiene la suficiente fortaleza, demostrada en otras ocasiones, para soportar las embestidas de políticos sin escrúpulos.