Fin de curso político

El curso político se ha cerrado esta semana con preocupación para el Gobierno y alivio para el Partido Popular, a tenor del barómetro de julio del Centro de Investigaciones Sociológicas, que no ha hecho sino confirmar la tendencia observada por la mayor parte de los últimos sondeos. Por primera vez desde las elecciones de 2004, los populares aventajan a los socialistas en las preferencias electorales de los ciudadanos. Y, por primera vez también, la totalidad del Ejecutivo, incluido su presidente, no alcanza el aprobado en su gestión. Tampoco los líderes de los dos grandes partidos salen bien parados: Mariano Rajoy sigue sin generar confianza entre los encuestados y la credibilidad de Zapatero, aunque mayor que la del líder del PP, parece encontrarse en imparable caída.

La irrupción de la crisis económica en la agenda política ha invalidado una de las principales estrategias del Ejecutivo durante los últimos años, consistente en marcar las diferencias con el PP en asuntos de fuerte contenido ideológico, como la separación entre Iglesia y Estado, la memoria histórica o leyes como la del aborto. También ha puesto en entredicho la relevancia concedida en La Moncloa a las cuestiones de imagen, superior en muchos casos a la solvencia técnica o la eficacia de las iniciativas económicas. La crisis exige intervenir sobre la realidad, no presentarla de otra manera, y es ahí donde el Gobierno arrastra un pesado lastre desde que trató de minimizar e, incluso, negar la recesión.

El PP, por su parte, ha actuado como si pretendiera trasladar a los sondeos la capacidad exculpatoria para los casos de corrupción que antes sólo atribuía a las victorias electorales. Una cosa es, así, que los ciudadanos no castiguen a los populares por el caso Gürtel y otra distinta dejar manos libres a los imputados para seguir en sus puestos o no. Bárcenas se ha ido, pero Camps mantiene el doble discurso de proclamar su deseo de explicarse ante los jueces y evitar hacerlo por todos los medios. Los tribunales de justicia han considerado que los indicios son suficientes para imputar a algunos cargos electos del PP. Con la negativa a exigirles responsabilidades, el PP sostiene que su evaluación es diferente. Sólo que no le corresponde al PP evaluar indicios, sino dar una respuesta política a la decisión de imputar que han adoptado los tribunales.

La manera en la que Gobierno y oposición gestionen la agenda a la vuelta del verano resultará determinante para la consolidación, o no, del giro electoral que apuntan los sondeos. El Ejecutivo se enfrenta a la aprobación de unos presupuestos de crisis, a la eventual reanudación del diálogo social, a la presidencia de turno de la Unión Europea y a unos Ayuntamientos sin financiación. Los populares confían en que esta agenda, por sí sola, acabará derrotando al Gobierno. De ahí que no ofrezcan alternativas ni sean rigurosos contra la corrupción. No obtienen nuevos apoyos, pero contemplan sin moverse cómo los socialistas pierden los suyos.