Educación apoya la suspensión cautelar del decreto de Campos

El Departamento de Educación que dirige ahora la socialista Isabel Celaá no se opone a la suspensión del decreto aprobado por su antecesor Tontxu Campos (EA), en la parte que establece el euskera como "la principal lengua vehicular en el ámbito escolar". Sin embargo, cree que no deben aplicarse medidas cautelares contra los artículos que afectan al desarrollo bilingüe de la educación, tal y como ha demandado judicialmente la Plataforma por la Libertad de Elección Lingüística, "ya que no ha existido ningún desarrollo que coarte las garantías" de la ciudadanía. Educación ha respondido así al requerimiento efectuado por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en relación con la suspensión de las normas aprobadas en la anterior legislatura por el departamento que dirigía Tontxu Campos, solicitada por la citada plataforma.

Educación defiende "la convivencia armónica" de las dos lenguas

Pese a respaldar la suspensión del decreto que considera el euskera "principal lengua vehicular", Educación defendió "la convivencia armónica de las dos lenguas oficiales" y el deber de "promover un bilingüismo integrador". La defensa del bilingüismo, señaló en un comunicado, es "incompatible" con fijar el carácter principal de una lengua sobre la otra, como establece la norma recurrida.

El Gobierno recordó que el decreto impugnado no va tener efectos, porque ya se ha iniciado el procedimiento de modificación de la norma. La consejera de Educación ha manifestado su voluntad de mantener los tres modelos lingüísticos vigentes, en castellano, euskera y bilingüe, hasta que se alcancen acuerdos sobre la reforma, aumentando la presencia del inglés y mejorando los recursos en la línea en castellano para avanzar en el euskera.

Celaá propondrá a los centros escolares que presenten sus proyectos de educación trilingüe, con la presencia de cada lengua en la proporción que mejor se adapte a su situación sociolingüística y a su proyecto educativo. Para ello confía en alcanzar un acuerdo sobre el modelo lingüístico con los agentes sociales y educativos y con los partidos políticos, sobre todo con el PNV y el Partido Popular.