Piratas que queman

Resulta cuando menos chocante que mientras la Audiencia Nacional se reclama competente, al amparo de la jurisdicción universal, para juzgar delitos graves acaecidos en Tíbet, Gaza, Guantánamo o Ruanda, generalmente sin ciudadanos españoles implicados, uno de sus titulares acuerde dejar en libertad a un puñado de presuntos piratas en poder de la Armada española, decisión recurrida por el Gobierno. Hoy por hoy, y tras tres días de confusión, se sigue ignorando dónde serán juzgados, o si lo serán, los bandidos capturados en aguas del golfo de Adén o a qué país arribará el petrolero de la Armada con sus detenidos, ahora técnicamente en libertad.

El nuevo desencuentro entre el poder Ejecutivo y el Judicial abona la más legítima de las perplejidades ¿Para qué sirve una misión naval en el Índico, costosa y arriesgada, como la que mantienen España y la Unión Europea, intentado hacer seguras las aguas de Somalia, infestadas de piratas, si no se sabe qué hacer con los capturados? El Gobierno esgrime que procede su entrega a Kenia en virtud de un acuerdo de la UE con este país africano, de rango indefinido, que prevé el enjuiciamiento en su territorio de los piratas apresados por las unidades de la UE. El juez Fernando Andreu estima que su entrega a Nairobi vulneraría los derechos de los nominalmente detenidos a bordo del Marqués de la Ensenada.

Es evidente que el eventual juicio en Kenia de unos bandidos somalíes tiene mucho de arreglo político para que los países europeos se eviten las pesadillas logísticas y judiciales derivadas de hacerlo por sí mismos. Esos procesos, de celebrarse, servirán poco para aumentar la seguridad de una ruta marítima crucial. Pero la impunidad es la peor de las soluciones. Mejor que los nuevos bucaneros crean que si son apresados acabarán con sus huesos en una cárcel de Kenia a que la lejanía y la falta de coordinación de las potencias internacionales que patrullan sus aguas les coloquen por encima de la ley.

No estaría de más que sobre este tema se trasladara a los españoles un cierto aire de coherencia. Los ciudadanos no dominan los arcanos jurídico-administrativos, ni tienen por qué hacerlo. Pero sí es obligación de los poderes públicos, políticos y judiciales, transmitir un mensaje claro y articulado, que encaje a la vez con el propósito de nuestro despliegue en el Índico y con un elemental sentido común.