El diputado trabajó desde otra empresa en obras adjudicadas por su consellería

Lo anuncia la propia empresa, Prethor SL, en su página web. El currículum de la firma "especializada en prefabricados para obra civil y edificación" -en la que Agustín Hernández fue consejero hasta marzo de 2008- cita las vigas que construyó para dos autovías, Santiago-Brión y el desdoblamiento de la vía del Salnés, adjudicadas por la Consellería de Política Territorial cuando Hernández era director xeral de Obras Públicas. Según consta en el Registro Mercantil, Hernández entró como consejero en Prethor, la filial de Puentes y Calzadas, el mismo día en que se creó, el 12 de septiembre de 2006. Desempeñó el cargo hasta el 28 de marzo de 2008, fecha en que se incorporó como alto cargo a la Diputación de Pontevedra, de la mano de su presidente, Rafael Louzán.

Durante la estancia de Hernández en Prethor SL, la firma suministró los prefabricados a las concesionarias de la vía del Salnés y de la autovía Santiago-Brión, dos adjudicaciones que el Gobierno de Fraga dejó cerradas antes de perder el poder, cuando Hernández presidía la Dirección Xeral de Obras Públicas en la Consellería de Política Territorial de Alberto Núñez Feijóo. Según ha comprobado este periódico, en las obras de desdoblamiento de la vía del Salnés -acometidas por una UTE (unión temporal de empresas) integrada por Copasa, Puentes y Calzadas y Caixanova- Prethor vendió las vigas para los puentes en los enlaces de la vía con las localidades de Mosteiro, Meis, Ribadumia, Meaño, Sanxenxo y también con la AP-9.

Prohibición de dos años

Desde que la Consellería de Presidencia decidió abrir un expediente a Hernández la pasada semana por considerar que su actividad privada vulneró la ley de incompatibilidades para los altos cargos de la Xunta, Hernández siempre ha negado que tuviese alguna relación desde las empresas con los expedientes que había tramitado en el Gobierno. Esa era precisamente la limitación que la ley de 1996 establecía para los representantes del Ejecutivo y que regía hasta que en 2008, el bipartito aprobó un decreto más restrictivo. La norma vigente en el caso de Hernández no impedía su marcha desde la Administración a sociedades con intereses en el mismo sector. El texto legal sí prohíbe a conselleiros y directores generales, entre otros altos cargos de la Administración autonómica, "realizar actividades privadas relacionadas con expedientes sobre los que hubieran dictado resolución en el ejercicio del cargo durante los dos años siguientes a la fecha de su cese". Este diario intentó ayer sin éxito recabar la versión de Hernández.