El inspector de la policía que 'cantó'

El origen de la trama que ha acabado teniendo ramificaciones en el Ayuntamiento de Barcelona data de julio de 2007, cuando fue detenido el inspector del Cuerpo Nacional de Policía José Javier Martín Pujal, alias Jordi. El director del burdel Saratoga, Carmelo Sanz, le denunció por exigirle 3.000 euros para que sus agentes de la Unidad contra las redes de Inmigración y Falsedad Documental (Ucrif) no le registraran el local.

La Guardia Civil no pudo acumular suficientes pruebas contra Martín Pujal, hijo de un comisario de policía, y salió en libertad. Las diligencias 3652/2007 quedaron estancadas en el Juzgado de Instrucción 33 de Barcelona, pero el grupo de asuntos internos abrió una investigación para esclarecer la implicación de Jordi y de otros mandos.

Martín Pujal fue relevado como jefe del grupo I de la Ucrif el 11 de julio de 2007 y al olerse el resultado de la investigación interna optó por tirar de la manta. A finales del 2008 declaró voluntariamente en el juzgado para explicar con detalle cómo funcionaban los sobornos. La juez encargó entonces la investigación a los Mossos d'Esquadra que, siguiendo la declaración de Jordi, interrogaron a decenas de personas. Así han ido cayendo en el último mes los dueños de los burdeles, mandos policiales, abogados y el propio Martín Pujal, uno de los seis encarcelados por la trama.

Entre los imputados está el comisario Luis Gómez, número tres de la Jefatura de Barcelona; Abundio Navas, inspector jefe de la Ucrif, los ex inspectores Andrés Otero e Ignacio Landa y el agente José Manuel Melando.

Jordi nunca aludió en su declaración a las conexiones de la trama con los funcionarios municipales de Barcelona, pero sí se relataban en el informe interno de la policía, que no se aportó al juzgado. La juez lo reclamó y así se ha descubierto la guinda del pastel.