Descargas 800.000 euros por siete canciones

Un millón de dólares (cerca de 800.000 euros). Éste es el importe de la sanción que se le podría imponer a un joven del Estado de Massachusetts por descargarse ilegalmente siete canciones, según un pleito interpuesto por la Asociación de la Industria Discográfica de su país (RIAA, en sus siglas en inglés), con apoyo del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

En 2003, Joel Tannenbaum recibió una carta en la que se le acusaba de descargarse música y se le informaba de que, por una determinada cantidad de dinero, no se emprenderían acciones legales contra él. Los 500 dólares (unos 365 euros) que ofreció debieron de parecer poco a la RIAA y fueron rechazados.

Cuatro años después, sin noticias previas, Sony BMG, Warner Records, Atlantic, Arista y UMG Recording demandaron a Tannenbaum. El tribunal pidió que las partes llegaran a un acuerdo, pero ni la RIAA aceptó los 5.000 dólares (3.650 euros) que ofrecía el hombre ni éste tenía intención de pagar los 10.500 dólares (más de 7.700 euros) que la industria le pidió. Tannenbaum, que ahora estudia en la Universidad de Boston, se enfrenta a un juicio en el que le pueden llegar a exigir el pago de un millón de dólares. Para evitarlo, cuenta con la defensa de un grupo de estudiantes de Derecho de Harvard, que comanda un profesor de la prestigiosa universidad, Charles Nesson.

Los abogados de Tannenbaum aseguran que su objetivo no es terminar con las leyes que defienden los derechos de autor, sino demostrar la inconstitucionalidad de una norma que prevé sanciones de hasta 150.000 dólares (110.000 euros) por cada una de las violaciones deliberadas del copyright.

El Departamento de Justicia, por su parte, considera que la ley, dictada en 1999, es correcta y que un grupo privado como la RIAA tiene la potestad de hacerla cumplir en la jurisdicción civil, en lugar de entablar demandas penales, tal y como exige la defensa.

La Administración de Obama sigue así los pasos del Gobierno Bush. No en vano, varios de los altos cargos del actual Departamento de Justicia fueron en su día abogados de la propia RIAA, y uno de ellos formó parte del bufete que llevó a juicio a una mujer a la que se le condenó a pagar más de 150.000 euros por una acusación similar a la que hoy se enfrenta Tannenbaum. Este caso, pendiente de apelación, podría llegar a resolverse en el Tribunal Supremo, donde una sentencia absolutoria supondría un duro revés para los intereses de la industria.