Caja Madrid advierte al tribunal del daño por el ataque de Aguirre

Nunca es buena noticia que una caja tenga que pasar por los tribunales, pero mucho menos si es para enfrentarse con su regulador. Ayer sucedió con Caja Madrid y la Comunidad de Madrid, con el Ayuntamiento de la capital como tercer invitado al esperpento.

La sección 9º del Tribunal Superior de Justicia de Madrid debate si se debe paralizar la reforma de los estatutos de la entidad como los ha redactado el Gobierno regional de Esperanza Aguirre, para que se adapten a la Ley de Cajas de Madrid. El Ayuntamiento dirigido por Alberto Ruiz-Gallardón ha pedido la paralización inmediata de la reforma porque pierde 56 representantes en la nueva Asamblea General. Esta corporación considera que los cambios legales son inconstitucionales. El tribunal concedió las medidas cautelarísimas (sin escuchar a las partes) y ayer se debatió si procedía tomar medidas cautelares antes de entrar a juzgar sobre el fondo de la cuestión.

Los jueces dirimen hoy la suspensión de la norma pedida por el Ayuntamiento

En la vista pública celebrada ayer en la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-administrativo, el letrado de Caja Madrid se alineó con el Ayuntamiento con un duro alegato contra la reforma de Aguirre. "La situación de inestabilidad que se está creando en Caja Madrid puede provocar daños ante los mercados y es un perjuicio que afecta a su estabilidad, en un momento de crisis". Más adelante reconoció sentir alivio por la rapidez en la que el tribunal había frenado los cambios, a los que se opone la mayoría del consejo.

"Para una entidad es fundamental la estabilidad en el marco jurídico. En los órganos de gobierno de una entidad es importante saber a qué atenerse", afirmó. En su opinión, si no se paraliza la votación que el próximo lunes realizará la Asamblea General de Caja Madrid sobre los nuevos estatutos, "se puede constituir un consejo de administración y, unos meses después, si se declara inconstitucional la reforma, disolverlo para volver a constituirlo", afirmó el letrado.

El Ejecutivo regional sostiene que dichas medidas cautelares impedirían la celebración de la Asamblea General "lo que va en contra del interés general". También alegó que no hay urgencia en la medida porque después de la votación de la Asamblea queda un proceso dilatado hasta que culminen los cambios en el consejo de administración. "Hacer caso al Ayuntamiento provocaría perjuicios graves porque supone suspender una ley. Hay jurisprudencia en contra de esta medida", concluyó.

La sala notificará hoy la resolución al Ejecutivo regional, al Ayuntamiento y a la caja. El consejero de Economía de Madrid, Antonio Beteta, se mostró confiado en que será favorable a la Comunidad.