Zabalgarbi abona tres millones a los directivos destituidos por el 'caso Madoff'

Zabalgarbi, la empresa promotora de la única incineradora de basuras en Euskadi, ha indemnizado con cerca de tres millones de euros a los dos directivos destituidos por la estafa Madoff: el presidente, Juan Ignacio Unda, y el director financiero, Domingo de la Sota. El pago se realizó pocos días después de su cese, acordado el pasado 27 de enero, según confirmaron a EL PAÍS fuentes próximas a la compañía.

La cantidad abonada se acerca a los 3,7 millones que Zabalgarbi ha perdido con un fondo de inversión de Optimal, la filial de hedge founds del Banco Santander, que fue gestionado por el financiero estadounidense Bernard Madoff. Éste ha protagonizado una estafa cuyo volumen se calcula en cerca de 38.000 millones de euros. El banco ha ofrecido recuperar parte del dinero evaporado mediante acciones participadas.

Las Juntas de Vizcaya debaten hoy el estado financiero de la empresa

El consejo de administración de Zabalgarbi, que acordó el 27 de enero la destitución de los directivos por no haber informado de la compra del fondo de riesgo, desconoce la cantidad pagada. En aquella reunión no se aportó ninguna información de que Unda y de la Sota tuvieran derecho a una indemnización cuantiosa en caso de rescisión. Uno de los consejeros solicitó una copia de ambos, pero los representantes de Sener -la empresa que junto a FCC suma el 60% del capital- rehusaron aportarla, argumentando que se trataba de un asunto personal, según las fuentes consultadas. Sin embargo, como hubo una petición formal, es muy probable que la información de los contratos se aporte en la próxima reunión del consejo, fijada para el 15 de marzo.

Al parecer, el presidente tenía un contrato blindado, lo que explicaría la elevada cantidad abonada por Zabalgarbi. La mayor parte de los cerca de tres millones han sido cobrados por Juan Ignacio Unda, según los medios consultados. El ya ex presidente de Zabalgarbi accedió a la presidencia hace seis años al sustituir a Javier García Egocheaga tras el fallecimiento de éste en 2002. Unda formó parte de la Comisión Nacional de la Energía en representación del PNV y se encargó de gestionar la puesta en marcha de la planta, que empezó a funcionar en pruebas en abril de 2004 y estuvo precedida de una fuerte contestación social.

Su destitución ha obligado a que se constituya una dirección provisional de Zabalgarbi, en manos de los consejeros de FCC y Sener, empresas que tienen cada una el 30% del capital. El resto del accionariado corresponde a la Diputación de Vizcaya (un 20%), el Gobierno vasco a través del Ente Vasco de la Energía (EVE, 10%), la Mancomunidad de la Margen Izquierda (5%) y la BBK (otro 5%), que es la única entidad sin representación en el consejo de administración de la compañía.

Pese a la mayoría privada actual, las instituciones siempre han tenido un gran peso en la promotora de la incineradora, ubicada en la periferia de Bilbao. De hecho, en los 90, cuando se gestó el proyecto, la presidencia recayó en la Diputación de Vizcaya y la mayoría del capital era público.

La fallida operación del fondo de Madoff se debatirá hoy en comisión en las Juntas Generales de Vizcaya, en una sesión monográfica sobre este asunto.

La incineradora es uno de los pilares del plan de residuos de Vizcaya, ya que elimina cerca de la tercera parte de los residuos sólidos urbanos que se generan en Vizcaya. Actualmente, quema cerca de 250.000 toneladas de basura de casi toda Vizcaya, salvo Bilbao, que trata los desechos en su vertedero municipal por la exigencia de EB, socio del PNV en el Ayuntamiento bilbaíno y opuesto a la incineración.

La planta supuso una inversión de 154 millones y, pese a la gran implicación pública, nunca ha sido inaugurada. En 2007 tuvo que cambiar la turbina de vapor, la pieza clave de todo el sistema junto a la de gas, lo que provocó que durante 2006 estuviera inactiva (sin producir electricidad) durante casi tres meses.