La Diputación de Álava recurre la nueva cárcel de Iruña de Oca

La Diputación de Álava presentará un recurso contencioso-administrativo con el fin de parar las obras del nuevo centro penitenciario de Iruña de Oca por haberse iniciado sin un estudio de evaluación ambiental. El Gobierno central considera que la entidad del proyecto, de interés general, le permite eludir este trámite, tal como se recoge en el acuerdo del Consejo de Ministros de noviembre pasado.

El diputado foral de Medio Ambiente, Mikel Mintegi (EA), ya había criticado desde hace meses supuestas irregularidades en el proceso de construcción del nuevo penal que sustituirá, a menos de un kilómetro de distancia, al actual de Nanclares de Oca. Ayer insistió en la necesidad de "paralizar inmediatamente y de forma cautelar" las obras, con el fin de "frenar un proyecto de impacto brutal, pésimamente gestionado y que contradice toda normativa". Mintegi señaló que el intenso movimiento de tierras se está realizando sin el correspondiente permiso y supone una "agresión al medio natural alavés". El diputado de Medio Ambiente ha conseguido que, después de muchas dudas, el PNV, su socio en el equipo de gobierno de la Diputación, secunde su oposición a la nueva cárcel.

El proyecto está considerado por el Gobierno central como de interés general, lo que le permite eludir la normativa sobre protección ambiental, que afecta a un parte mínima de los terrenos en la zona de Zaballa, junto a los Montes de Vitoria, que formarían parte de un proyecto de parque natural. Instituciones Penitenciarias y la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SEIP), responsable de la construcción de la cárcel, eludieron ayer cualquier declaración al respecto.