El Gobierno pagó 420.000 euros en asesorías que debió realizar su propio personal

El Gobierno pagó 420.000 euros durante 2007 a nueve asesores externos para labores que "deberían haberse prestado" por sus empleados, lo que infringe la Ley de la Función Pública Vasca. "Los trabajos facturados han consistido en labores propias de la gestión de los departamentos", señala el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, en el informe que ha analizado la actividad económica y financiera del Ejecutivo autónomo.

La auditoría revela que el Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social abonó 142.000 euros a dos asesores; Medio Ambiente pagó 225.000 a cinco personas; Vivienda y Asuntos Sociales emitió una factura por 29.000 euros, y Cultura, otra por valor de 24.000 euros.

En sus alegaciones, el Gobierno argumenta que se trataba de actividades "específicas, a veces especializadas", con lo que consideró "más adecuado" recurrir a empresas externas en vez de contratar personal temporal.

Por otro lado, el Tribunal de Cuentas vuelve a referirse a ilegalidades en la contratación, con gastos por importe de 1,3 millones, en 22 expedientes de varios departamentos adjudicados a dedo. En 19 de estos casos se fraccionó la adjudicación para que no superasen los límites para la convocatoria de un concurso público y en otros tres se superaron los límites que permiten la contratación directa.

Contratos sin concurso

La auditoría ve también este sistema de contratación a dedo en la subvención de 700.000 euros concedida por el Consejo de Gobierno a la asociación de ikastolas Partaide, destinada a desarrollar un programa de introducción de nuevas tecnologías en centros educativos. "La concesión de dicha subvención incumple los principios de publicidad y concurrencia, dado que debió haber sido concedida mediante convocatoria abierta a la totalidad de centros de enseñanza".

El tribunal reprocha que en 2007 se concedieran subvenciones, mediante un acuerdo del Consejo de Gobierno, por un importe de 4,2 millones de euros a 12 entidades que también recibieron ayudas directas en "los dos ejercicios anteriores para los mismos objetos". Estos acuerdos, señala, incumplen el requisito de excepcionalidad de la legislación vasca.

Además, se constata que el Gobierno convalidó operaciones por 16,6 millones de euros con informes previos negativos de la Oficina de Control Económico. La mayoría (15,9 millones) son contrataciones de obras, suministros y asistencias técnicas.