Las asociaciones de jueces mantienen la huelga pese a ofrecer Bermejo más dinero
El ministro planteó incrementar un 28% la inversión en tecnología

El Ministerio de Justicia y las asociaciones que representan a la mitad de los 4.500 jueces de España aproximaron ayer posturas durante seis horas, aunque no lo suficiente como para desconvocar la jornada de protesta del 18 de febrero y la huelga del 26 de junio. El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, dijo que había puesto sobre la mesa una partida adicional de 20 millones de euros para inversión tecnológica, es decir, un 28% más a los 72 millones de euros aprobados, y que, al no haber "ninguna divergencia esencial", entendía que el mantenimiento de la protesta "no se justifica".
La diferencia esencial radica en torno a la agenda de señalamientos de juicios y vistas, que los jueces pretenden mantener a toda costa. El ministerio reiteró su postura de que el proyecto que asigna esta tarea a los secretarios está en el Parlamento y es éste el que tiene que dar la respuesta. Bermejo indicó que para el ministerio el asunto no es un "dogma de fe" y que las asociaciones tendrán la oportunidad de exponer sus motivos en el Congreso, donde han sido citadas a instancias el Grupo Socialista.
El ministro agradeció la "expresión indubitada de generosidad" de las asociaciones, que manifestaron que su problema no es el aspecto retributivo y aparcaron cualquier reivindicación en ese sentido "hasta que las condiciones económicas lo permitan".
El ministro Bermejo aseguró que los representantes de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Francisco de Vitoria (FV), Jueces para la Democracia (JpD) y Foro Judicial Independiente (FJI) son los únicos interlocutores "legítimos" de la carrera judicial, con lo que dejó al margen a ese 20% de jueces que ha convocado huelga para el día 18.
Bermejo destacó aproximaciones para suprimir los traslados forzosos de los jueces por ascensos y "acortar los tiempos" para la modernización de la justicia. Puso de plazo el 31 de diciembre de este año para el despliegue del sistema de comunicación telemática Lexnet en todo el territorio. La Sala Penal de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción serán las primeras oficinas judiciales "sin papel".
Antonio García, de la APM, portavoz ayer de las cuatro asociaciones, dijo que la mano sigue tendida. "Pero no podemos conformarnos con lo que esta mañana nos ha explicado el ministro". Habrá próximas reuniones, pero describió el panorama como "sombrío". También avanzó un nuevo encuentro antes del 18.
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