Multa a un ambulatorio privatizado por hacer obras sin licencia

Si un ciudadano reforma su cocina sin licencia le puede caer una multa de 9.000 euros. Si lo hace una empresa, la sanción se reduce a 3.000 euros. Y ello a pesar de que el inmueble esté protegido.

El Ayuntamiento de Madrid ha abierto un expediente sancionador a la empresa Capio, que gestiona el ambulatorio de Pontones (Puerta de Toledo), por realizar unas obras sin permiso. Esta multinacional sueca ha recibido una propuesta de sanción del Ayuntamiento de Madrid con fecha 10 de octubre de 2008 por "ejecutar obras sin licencia". La multa, catalogada como leve, asciende a 3.000 euros. En el expediente sancionador elaborado por la Junta Municipal de Arganzuela se precisa que la denuncia se presentó por realizar "obras de acondicionamiento puntual sin licencia en edificio, reflejadas en el acta de inspección urbanística realizada el 4 de junio de 2008".

La compañía justifica que se trata de una reforma menor

"El Ayuntamiento debe velar por el cumplimiento de la ley", dice Iglesias

La sanción parece escasa si se compara con los 9.000 euros de multa que ha propuesto la misma junta municipal a un vecino del paseo de Santa María de la Cabeza por "acondicionar una vivienda con demolición y ejecución de nueva tabiquería, de pavés en el caso de un tabique de cocina y cerramiento de terraza".

El centro de Pontones, uno de los más grandes de la ciudad, fue el primero que la Consejería de Sanidad cedió dentro de su plan para trasladar la gestión de parte de la sanidad madrileña a manos privadas. Capio, tras hacerse con la gestión del ambulatorio, decidió hacer reformas. "Una obra menor para acondicionar y adecentar las instalaciones", aseguró hace ocho meses un portavoz de la firma de servicios sanitarios. Esta misma fuente reconoció entonces que las obras no tenían licencia, ya que eran trabajos menores. Pero la reforma carecía de licencia urbanística.

Además, el edificio cuenta con una protección arquitectónica que incluye a la fachada y a las escaleras. La empresa reformó la cuarta planta del ambulatorio para acondicionarla para consultas.

El concejal socialista Óscar Iglesias critica la dejadez municipal por no controlar las obras. "Ha pasado de la inacción a conceder un trato de favor a la empresa", sentencia Iglesias, que califica la sanción como ridícula. El edil socialista reclama al Consistorio "el máximo rigor con este tipo de empresas que hacen obras sin licencias. Debe velar por que las empresas cumplan la ley".

La Junta Municipal de Arganzuela ha calificado la infracción como leve y ha propuesto una multa de 3.000 euros. Aunque, aclaran allí, sólo es una propuesta de sanción. "El expediente aún está abierto", reconocen. La decisión la adopta este órgano de gobierno del distrito y no Urbanismo porque se trata de "acondicionamiento interior del inmueble y son trabajos que no afectan a la estructura", confirman fuentes de la Gerencia de Urbanismo.