Diputados sin respuesta, seis meses después

El pleno del Congreso aprobó un primer informe en junio en el que se aceptaban todas las compatibilidades solicitadas por los diputados, salvo en 67 casos en los que se pedían aclaración. Seis meses después, aún no han contestado a todos y la comisión ha demorado su dictamen al menos hasta el mes de febrero, cuando se reanude la actividad parlamentaria.

Al inicio de la legislatura, los diputados están obligados a hacer su declaración de actividades para que se les conceda la compatibilidad. La ley electoral permite compaginar algunas actividades profesionales con el escaño de diputado, pero con algunas limitaciones y siempre que haya una autorización expresa de la Cámara.

La principal limitación es que no se reciba ningún otro ingreso de ninguna administración pública. De hecho, una parte importante de esas aclaraciones de actividades se refiere a diputados que colaboran con medios de comunicación públicos y que deben notificar que no reciben ningún salario por esas colaboraciones.

Otros casos en los que se solicita la explicación son los de diputados que por su condición de alcaldes pertenecen a empresas públicas municipales, quienes también deben aclarar que no reciben remuneración y que son actividades inseparables de su condición de edil.

La única excepción de diputados que pueden cobrar salarios públicos son los profesores universitarios o educadores de cualquier tipo, que sí tienen posibilidad de desarrollar esa actividad. Una vez elaborado el dictamen, la Comisión de Estatuto, siempre de forma reservada, lo somete al Pleno del Congreso que lo vota a puerta cerrada y sin que todos los diputados conozcan exactamente qué es lo que están aprobando.

En junio se aplazó la aprobación de las actividades de 67 parlamentarios con otros ingresos al margen de los de la Cámara. Seis meses después una parte de ellos no ha regularizado su situación y ni siquiera han contestado todavía, según fuentes de la Comisión.