El fiscal indaga al PP de Calp por una recalificación
Un particular multiplicó por diez el valor de una parcela
El gobierno local de Calp acumula más problemas en los juzgados. La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha abierto diligencias contra el líder del PP y primer teniente de alcalde, Javier Morató, por una recalificación de terrenos que gestionó en su etapa de alcalde en 2005 y que habría beneficiado al propietario al multiplicar por diez el valor de la parcela, al pasar de rústica a dotacional. Morató es ahora la mano derecha del alcalde, el nacionalista Ximo Tur.
La actuación fue denunciada a la Sindicatura de Comptes por el ex alcalde socialista Luis Serna a principios de octubre de este año, pocos días antes de la moción de censura firmada por BNV, PP y PSD que apartó del poder al PSPV. A su vez, la Sindicatura la remitió al Tribunal de Cuentas en Madrid, que ha puesto los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal. El PSPV adjunta a la denuncia la grabación de un pleno celebrado en junio en el que Morató admite: "De la noche a la mañana, a la familia propietaria de esa parcela, que es muy conocida en Calp y con la que yo tengo relación desde hace muchos años, le tocó la lotería ya que con la nueva calificación aumentaban a 2.903 las unidades de aprovechamiento urbanístico a las que tenía derecho". Antes, a la parcela, de unos 14.000 metros cuadrados, solo le correspondían 290 unidades. El edil del PP añadió: "[A los dueños] les hemos hecho unos capitanes generales".
El PSPV sostiene que la operación se realizó con informes negativos de los técnicos y en contra de los "intereses del Ayuntamiento". El Consistorio negociaba con la propiedad la compra de la parcela para poder seguir instalando allí una carpa de fiestas y eventos que el gobierno del PP había ocupado sin el consentimiento de los dueños. El PSPV sostiene que los terrenos se deberían haber expropiado cuando eran rústicos, antes de que con la operación realizada por Morató su valor se disparara.
En el gobierno de Ximo Tur hay más concejales investigados por los juzgados: es el caso del segundo teniente de alcalde, Antonio Romera, del PSD, al que una asesora ha denunciado por coaccionarla, y del regidor del PP Juan Roselló, imputado en el caso Aguas de Calpe.
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