Lazcoz atribuye su imputación judicial a una "persecución política" del PP

El alcalde de Vitoria, el socialista Patxi Lazcoz, va a ser el primero de la historia democrática de la capital alavesa que tenga que declarar ante un juez como imputado. Lazcoz se mostró ayer "absolutamente tranquilo" después de que la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la capital alavesa admitiese a trámite la querella interpuesta por el portavoz popular en el Ayuntamiento, Javier Maroto, por el fallido contrato del mobiliario urbano. El primer edil insistió en que esta imputación obedece a la "persecución política" que sufre por parte del principal partido de la oposición. Con este panorama, todos los puentes con el PP están rotos.

Los hechos se remontan a 2001, cuando el PP y UA gobernaban en minoría el Ayuntamiento. Habían alcanzado un principio de acuerdo con el PSE para convocar un concurso de adquisición de mobiliario urbano (marquesinas, papeleras, postes, etcétera). Cuando estaba a punto de concederse a la empresa Elmusa, los socialistas cambiaron de parecer y el pleno, en el que sumaron sus votos junto a los de PNV-EA, EH y EB, echó atrás el concurso y promovió una nueva convocatoria que ganó otra firma, Cemusa. La denuncia presentada por Maroto estima que esa decisión se tomó a sabiendas de que era ilegal el procedimiento. Elmusa recurrió a la Justicia y el Supremo ha respaldado al final su reclamación. El auto del alto tribunal obliga ahora al consistorio a indemnizar a la empresa con una cantidad que se presume millonaria.

Confianza "absoluta"

La juez Susana Junquera ha aceptado investigar la denuncia del PP. Lazcoz, quien ayer aún no había recibido la notificación judicial, reiteró su "absoluta" confianza en la Justicia. Fuentes cercanas al equipo de gobierno ven la "voluntad manifiesta" del PP de acosar a Lazcoz en que sólo ha emprendido acciones judiciales contra el alcalde y no contra el resto de ediles que en el pleno pidieron un nuevo concurso para la adquisición de mobiliario urbano. Y recuerdan que el equipo de gobierno que dirigía el popular Alfonso Alonso admitió el mandato del pleno, cuando no estaba obligado a ello. "Si la decisión era ilegal, el equipo de gobierno de entonces también tiene sus responsabilidades", señalan.

La actual situación es fruto de las malas relaciones que PSE y PP mantuvieron al final del anterior mandato, cuando los socialistas apoyaron denuncias judiciales contra el entonces concejal de Urbanismo, Jorge Ibarrondo. El PP le responde ahora con una medida similar.