Por la democracia

No comprendo la actuación del fiscal de la Audiencia Nacional, señor Zaragoza, intentando impedir las actuaciones del juez Garzón en lo referente a la investigación de los desaparecidos de la Guerra Civil y de la dictadura franquista. La labor del ministerio fiscal debe ser la persecución del crimen y del delito, y qué mayor crimen que el que se comete desde la mayor de las ilegalidades: un poder estatuido a partir de un golpe de Estado, y que pretende la eliminación física de todo un colectivo por ideología. Eso en Derecho Penal es considerado un delito contra la humanidad y, por consiguiente, imprescriptible.

El señor fiscal se ampara, fundamentalmente, en una norma: la Ley de Amnistía de 1977, anterior a la Constitución, pero esta ley, diga lo que se diga, viene a ser una ley de punto final. Algo que tanto hemos denostado, cuando las han aprobado en otros países, como Argentina, y que, posteriormente, han sido derogadas.

El propio Consejo de Derechos Humanos de la ONU apoya la iniciativa del juez Garzón y ha instado a la derogación de dicha ley. ¿Se puede permitir una democracia tener los restos de decenas de miles de personas desaparecidas y enterradas en fosas anónimas? Por la salud de nuestra democracia, se debe reparar esta grave injusticia que ya dura demasiado.