El sospechoso de maltrato en Holanda podrá ser expulsado un mes de casa

La sospecha fundada, previa denuncia, de que pueda producirse un caso de malos tratos bastará para que la policía holandesa saque a la fuerza de su casa al agresor en potencia. Dicha orden, dictada por los alcaldes y ejecutada por policías y fiscales, se prolongará durante 10 días. Si transcurrido ese plazo el sujeto representara aún un peligro, sería obligado a permanecer fuera hasta cuatro semanas. La orden puede ser recurrida ante la justicia, pero de rechazarse, una negativa a alejarse será sancionada hasta con dos años de cárcel.

Durante el tiempo que permanezca fuera, el sospechoso recibirá ayuda psicológica para que controle su agresividad y recupere la estima de su pareja o hijos. Tan expeditas medidas figuran en la nueva Ley de Expulsión del Hogar, ya refrendada por el Parlamento, y pensada para afrontar el creciente fenómeno de la violencia machista. El año pasado se registraron 63.000 casos. Según la policía, el dato no refleja la realidad puesto que sólo se denuncia un 12% de los casos. Con las víctimas sucede otro tanto. Hasta que se publiquen las cifras reales, se utilizan los cálculos del Servicio Central de Estadística: 11 mujeres y siete hombres (entre 15 y 80 años) fueron víctimas de asesinato u homicidio "por circunstancias familiares" en 2007. Otros 149 varones y 28 mujeres se suicidaron.

Vetado el contacto

"La violencia doméstica es la segunda causa de muerte no natural, tras los accidentes de tráfico, registrada en Holanda", dijo el titular de Justicia, Erns Hirsch Ballin. La nueva ley no distingue entre géneros. Aunque un 85% de las víctimas del maltrato sean mujeres (entre 25 y 45 años), y un 18,5% varones, habla de ambos como posibles autores de la violencia.

El maltrato infantil y la posibilidad de un "crimen de honor", como los registrados entre algunas comunidades de inmigrantes, también aparecen como causas de la salida forzosa del hogar. "Se trata de abordar un problema en apariencia privado como la violencia doméstica, pero que afecta a la integración y emancipación sociales, además de a la seguridad", según Justicia. La ley restringe también los contactos entre el expulsado y su familia. Así, el primero no podrá acercarse ni comunicarse con ellos durante el tiempo que permanezca en tratamiento. A la familia tampoco le estará permitido verle ni hablarle.