Una diputada 'verde' danesa pide castigar a España

Margrete Auken, la verde danesa que elabora un informe sobre cómo la urbanización salvaje en la costa afecta a los derechos de los europeos residentes en España, considera que si no hay una rectificación de las autoridades, España debería ser sometida al artículo 7 del Tratado de la Unión Europea. Ese artículo priva de algunos derechos a los Estados que violan los fundamentales de los ciudadanos.

La medida sugerida por Auken es el equivalente a una bomba nuclear política y sólo se ha sugerido emplear una sanción semejante en la UE en 2000, cuando el ultranacionalista austriaco Jörg Haider entró a formar parte del Gobierno de su país. La ecologista danesa se dejó ayer llevar por la pasión al comparecer ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para ofrecer un intercambio de puntos de vista sobre el informe que prepara a propósito del impacto que la urbanización extensiva en España tiene sobre los derechos de los residentes europeos el país.

La propuesta era tan desaforada que ni siquiera mereció el comentario de sus otros colegas, indignados, en especial el popular José Manuel García-Margallo, con el enfoque de la situación como si España fuera una república bananera. "España se presenta como el chivo expiatorio, pero no es cierto", alegó la diputada, "hay que pagar por los daños y perjuicios causados cuando no se respetan derechos".

Aunque en otros momentos Auken moderó el tono, García-Margallo reclamó la comparecencia ante la Comisión de Peticiones de algún representante del Gobierno español que explique cómo y por qué la situación en España es tal que muchos ciudadanos europeos sienten violados sus derechos, en este caso por expropiaciones u operaciones urbanísticas de dudosa legalidad.

Auken celebró la idea, aunque señaló que no pretendía inmiscuirse en enfrentamientos partidistas españoles, que en ocasiones alcanzan en la Comisión de Peticiones extremada virulencia verbal.

Esa comisión de la Eurocámara nació con la idea de socorrer moralmente a quienes se sienten atropellados por la violación de las normas comunitarias que deben protegerles. Sus informes o decisiones no tienen carácter normativo, pero esa impotencia de fondo se compensa con una gran exposición mediática que con frecuencia obliga a los Gobiernos a actuar ante el aguijoneo de ese Pepito Grillo comunitario.