¿Recortar la Ley de Dependencia?

Joan Subirats, una de las personas más lúcidas de la izquierda, en su artículo del pasado sábado en EL PAÍS, Los norteamericanos a los que nadie rescata, ponía en evidencia la profunda discriminación que las medidas anticrisis están originando en la sociedad norteamericana. Ese análisis es también aplicable a nuestro país. Cuando se acaban de aprobar importantes recursos públicos para una mayor liquidez en el sector financiero, se anuncia la posibilidad de una reforma a la baja de la Ley de Dependencia.

La dotación del Estado para atención a las personas con dependencia representa un poco más del 1 por mil del PIB español. Las ayudas al sistema bancario se sitúan en algo menos del 5% del PIB. Es cierto que éstas pueden repercutir positivamente en familias con medios y bajos ingresos o pequeñas empresas agobiadas por la falta de crédito. Pero mucho más sangrante es la situación de casi un millón de personas dependientes y de sus familias cuidadoras, la inmensa mayoría mujeres.

La Ley de Dependencia, que podría generar decenas de miles de puestos de trabajo, lo que necesita no es precisamente un recorte, sino todo lo contrario. Todo esto por no hablar de nuestro déficit en gasto en protección social, de cerca de siete puntos del PIB, que en épocas de crecimiento económico no mejora y en épocas de crisis se pretende recortar. Aquí también hay ley del embudo.