Ilegalizar, deslegitimar

La ilegalización por el Tribunal Supremo del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV), dos días después de la de ANV -las dos últimas siglas utilizadas por Batasuna para presentarse a las elecciones-, significa que la izquierda abertzale ligada a ETA no podrá participar en las autonómicas de la primavera próxima, lo cual tendrá consecuencias políticas. Esas ilegalizaciones, como la de las Gestoras pro Amnistía por la Audiencia Nacional esta misma semana, forman parte de la dinámica de acoso judicial al mundo de ETA impulsada tras la oficialización, en junio del año pasado, de la ruptura de la tregua.

El PP ha reprochado al Gobierno su negativa, en 2007, a impugnar la totalidad de las listas de ANV para las elecciones municipales, lo que habría evitado que fueran elegidos bajo esas siglas 437 concejales que conservarán su acta hasta el final de su mandato, pese a que la sentencia considera a su partido un instrumento de ETA. Los indicios de que Batasuna había colonizado ese viejo partido para burlar la ley eran abrumadores, y aun así el Gobierno y la fiscalía sólo instaron la ilegalización de la mitad de sus listas. Se invocaron para ello razones jurídicas, aunque era obvio que la decisión estaba condicionada por el deseo de evitar la ruptura definitiva de la ya agonizante tregua.

Hoy es evidente que, además de incoherente jurídicamente (un partido no puede ser en parte legal y en parte ilegal), fue un mal cálculo. Sin embargo, tuvo la virtud de evidenciar (especialmente ante las bases de Batasuna) que la razón de la ruptura no fue la intransigencia del Gobierno; y que no son las ideas independentistas, sino la incapacidad para desligarse de quienes tratan de imponerlas violentamente, lo que marca la frontera entre legalidad y prohibición.

Esto tiene importancia en el momento presente, con una ETA inercial cuya influencia política es cada día menor y en cuyo organismo más sensible, los presos, han aparecido señales de disidencia precisamente en torno a lo injustificado de la ruptura de la tregua. La eficacia policial frente a una ETA que esta misma semana ha vuelto a intentar asesinar sigue siendo el principal argumento para restar apoyos sociales a la banda. Pero la otra condición para que la disidencia se torne un día en desbandada es que el nacionalismo gobernante extienda su indudable rechazo a ETA al frente político de la banda.

El PNV es incoherente al considerar, por un lado, que constituye un abuso vincular con ETA actividades políticas de grupos y partidos no violentos, y realizar, por otro, continuos llamamientos a que esos grupos y partidos rompan su dependencia de ETA. No puede haber igualdad de oportunidades si uno de los partidos que participan en las elecciones forma parte de un entramado dirigido por una banda que en vísperas de las últimas elecciones asesinó a un ex concejal de Mondragón sin que ni Batasuna, ni el PCTV ni ANV hicieran nada para distanciarse del crimen.