Cadena perpetua para dos ex generales por genocidio en la dictadura argentina

Lo que para muchas víctimas parecía hasta hace poco una quimera ayer se convirtió en realidad. Con exclamaciones de júbilo y gritos de "¡Asesinos!" el público presente en la sala de audiencias del Tribunal Federal de Tucumán (norte de Argentina), interrumpió la lectura de la sentencia contra el que fuera hombre fuerte de la provincia durante años, el ex general Antonio Bussi. El juez le declaró culpable de genocidio y le condenó a cadena perpetua, al igual que a su compañero en el banquillo de los acusados, el ex general Luciano Benjamín Menéndez, ambos juzgados por la desaparición en 1976 del político peronista Guillermo Vargas.

Bussi es una figura clave de la dictadura y la prueba viviente de que la represión militar contra los opositores comenzó antes del golpe contra María Estela Martínez, viuda de Juan Domingo Perón, en 1976. Bussi encabezó en 1975 el Operativo Independencia, destinado a combatir a las guerrillas rurales que se habían formado en Tucumán. Con los militares ya en el poder, fue gobernador de la provincia, donde se produjeron numerosas desapariciones, incluidas las de ciudadanos españoles.

La condena provocó incidentes entre partidarios y detractores del ex militar, quien en su alegato final lloró, pero no por estar arrepentido, sino por considerarse víctima de una injusticia. En silla de ruedas y con una mascarilla de oxígeno, Bussi, de 82 años, aseguró que había luchado contra "bandas de delincuentes subversivos terroristas", y que había encabezado un combate contra "el comunismo internacional".

Lanzó duras críticas a la fiscalía, y exigió que se retiraran de la sala las fotos de los desaparecidos que portaban sus deudos. La actitud del acusado enervó los ánimos, y pese a las advertencias, los familiares de los desaparecidos profirieron gritos en su contra.

El condenado quedará bajo prisión domiciliaria por razón de edad, pero su condena se añade al rosario de juicios emblemáticos celebrados desde que en junio de 2005 fueran anuladas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

Este proceso muestra la fractura que existe en la sociedad tucumana. Porque retirado con el grado de general y amparado por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, Bussi resultó elegido en 1995 gobernador y en 1999 diputado nacional. El Congreso lo inhabilitó al considerar su participación en crímenes contra la humanidad. Y hace cinco años ganó la alcaldía de San Miguel de Tucumán, la capital provincial.