Alcalá aduce el interés general para abrir la incineradora en zona protegida

El interés general no incluye a las aves. El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, en manos del PP, sigue adelante con la instalación de una planta de gestión de residuos en unos terrenos considerados Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

La instalación, ya adjudicada a FCC, procesará 220.000 toneladas de basura al año, e incluirá una incineradora de tecnología innovadora (gasificación por plasma). "Si es zona ZEPA, aunque no se han localizado avutardas, el interés general, como es el caso del complejo [de tratamiento de residuos]

prima sobre la declaración ambiental de la zona", argumentó ayer el concejal de Medio Ambiente, Jesús Domínguez.

La instalación recibirá los residuos de una veintena de localidades

Sin embargo, tanto Ecologistas en Acción como un ornitólogo alcalaíno aseguran haber localizado las avutardas (protegidas a nivel europeo) que el Ayuntamiento no encuentra en la zona donde se levantará la instalación.

El edil de Medio Ambiente defiende que "el proyecto de este novedoso complejo supondrá un avance para la ciudad". En una nota de prensa, el concejal se refirió ayer a la carta tranquilizadora enviada a los vecinos por el alcalde, Bartolomé González (véase EL PAÍS de ayer). "Explica que se trata de un complejo ecológico y eficaz, que no será una incineradora ni emitirá ningún contaminante que pueda resultar tóxico o nocivo para los vecinos".

"No hay ningún estudio que sustente que la mejor ubicación para el macrovertedero con incineradora, de entre todos los municipios a los que dará servicio, está en la localidad de Alcalá de Henares, y menos aún sobre una ZEPA", sostiene el líder del PSOE alcalaíno, Javier Rodríguez. La planta recibirá los residuos de una veintena de localidades. Está previsto que funcione en 2011.

"Bartolomé González ha vendido la piel de los alcalaínos por sus intereses personales dentro del partido. Es una muestra más de su servilismo hacia Esperanza Aguirre", interpretó ayer el secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez. Tildó de "barbaridad" la ubicación de la planta en un espacio protegido.

"Nadie presentó alegaciones cuando informamos por primera vez sobre la ubicación del proyecto", afirmaba ayer el edil de Medio Ambiente. El 19 de abril de 2007 se anunció en el Boletín Oficial de la Comunidad la aprobación del estudio de viabilidad e impacto ambiental del complejo de gestión de residuos de la Mancomunidad del Este (promotora de la instalación e integrada por nueve localidades, entre ellas Alcalá y Arganda) y su estudio de impacto ambiental, añade el edil. La oposición local y los ecologistas aseguran que en abril de 2007 no conocían ni la ubicación exacta, ni el tamaño, ni las instalaciones, ni la tecnología del complejo.

Por otra parte, una de las empresas que participaba -de forma indirecta- en el concurso de adjudicación de la planta ha presentado un recurso ante la Mancomunidad del Este al considerar que la concesión por 100 millones de euros a FCC se ha basado en criterios subjetivos y que no obedecen al pliego de condiciones. Se trata de Solena, que iba a encargarse de la tecnología de la incineradora de gasificación por plasma de una de las empresas que se presentaron al concurso y no ganaron. El recurso expone que las puntuaciones de las propuestas obedecen a criterios subjetivos y señala la "arbitrariedad en la que se ha incurrido al evaluar desde el punto de vista técnico y económico".